El Gobierno oficializó la extensión del Presupuesto 2023 a través del Decreto 1131/2024, publicado en el Boletín Oficial. Según el texto, a partir del 1° de enero de 2025 continuará vigente el Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio 2023, tal como lo establece el artículo 27 de la Ley 24.156, que regula la administración financiera del sector público nacional.
El Gobierno justificó esta decisión argumentando la imposibilidad de realizar las adecuaciones necesarias con inmediatez, afirmando que “dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2024, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la Ley N° 27.701, por lo cual estas se llevarán a cabo oportunamente”.
“Teniendo en cuenta tal circunstancia, y con el objeto de asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, corresponde prorrogar los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del Ejercicio 2024”.
El Presupuesto 2025: Estancado en Negociaciones
El proyecto del Presupuesto 2025, cuya principal premisa es el déficit cero, se presentó como una prioridad para la administración de Javier Milei. Sin embargo, las negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores enfrentaron múltiples desacuerdos, principalmente con los gobernadores provinciales.
En este contexto, Milei había afirmado que no le preocupaba si no se aprobara el Presupuesto 2025: “Si el Congreso decide no aprobarlo, gobernaré con el de 2023”.
Fundamentos Jurídicos
La Ley 24.156, conocida como Ley de Administración Financiera, permite prorrogar un presupuesto no aprobado. El artículo 27 establece:
“Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los siguientes ajustes que deberá introducir el Poder Ejecutivo Nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados:
En los presupuestos de recursos:
a) Eliminar los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente;
b) Suprimir los ingresos provenientes de operaciones de crédito público autorizadas, en la cuantía en que fueron utilizadas;
c) Excluir los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en el caso que el presupuesto que se está ejecutando hubiera previsto su utilización;
d) Estimará cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio;
e) Incluirá los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución, cuya percepción se prevea ocurrirá en el ejercicio.
En los presupuestos de gastos:
a) Eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos;
b) Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas que se deban aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de tratados internacionales;
c) Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios;
d) Adaptará los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y servicios a producir por cada entidad, a los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes anteriores”.
Por otro lado, el artículo 56 de la Ley Nº 25.725 faculta al Jefe de Gabinete para adecuar las partidas presupuestarias ejecutadas durante el período de prórroga, siempre que no se excedan los créditos previamente aprobados. En este contexto, Guillermo Francos ha sido instruido para implementar los ajustes correspondientes y compatibilizar las necesidades del 2025 con las partidas prorrogadas del 2023.
Aunque la normativa permite la prórroga presupuestaria, realizarla por segundo año consecutivo es un hecho sin precedentes que ha generado debate entre los especialistas. La extensión del Presupuesto 2023 establece un hito en la política argentina, al ser la primera vez que un oficialismo utiliza esta herramienta en dos años consecutivos. Esto evidencia tanto las trabas en las negociaciones parlamentarias como la decisión del gobierno de Milei de priorizar sus metas fiscales pese a los retos políticos.
