El juez federal Ariel Lijo ordenó allanamientos en 14 domicilios tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la Provincia pertenecientes a movimientos sociales acusados de «extorsión y otros delitos» por supuestamente obligar a beneficiarios de planes sociales a asistir a marchas y a piquetes.
Algunas de las agrupaciones son: a CTD Aníbal Verón, Movimiento Evita, Movimiento Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores LTDA, Confluencia Popular y MTL.
La orden surgió del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 04, y se efectuó en lugares como: Parque Patricios, Guernica, Tristán Suárez, Ingeniero Budge, San Justo, Sarandí, Rafael Calzada, Pablo Nogués, Maquinista Savio y Malvinas Argentinas.
La Justicia secuestró celulares y documentación.
La causa nació luego de llamados que se hicieron al número 134 del Ministerio de Seguridad en los que varias personas, de manera anónima, denunciaron haber sufrido «aprietes» por esas organizaciones.
La investigación contiene al menos nueve marchas las cuales se realizaron desde que Milei asumió el Poder Ejecutivo: una es la del 22 de diciembre cuando organizaciones sociales se movilizaron contra el DNU 70/2023, otra es la que lideró la Confederación General del Trabajo (CGT) el 24 de enero, constituyendo el primer paro general contra este Gobierno.
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