El proyecto de Ficha Limpia volverá a tratarse en la Cámara de Diputados en una sesión convocada por el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y otros legisladores con el objetivo de restringir la candidatura de condenados por corrupción a cargos públicos.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la UCR, Coalición Cívica, LLA, y algunos miembros de Democracia para Siempre y Encuentro Federal. De esta manera buscan alcanzar los 129 diputados necesarios para conseguir el quórum, motivo por el cual no se pudo sesionar la semana pasada al no llegar con el número requerido.
Como era de esperar, Unión por la Patria no dirá presente y eso pone la mira en el resto, teniendo en cuenta que la norma genera diversas críticas. “Primero, que es acotada; se pueden tener candidatos con causas por narcotráfico, pero no por corrupción”, explicaba un diputado que dará quórum, pero que buscará insertar modificaciones al texto.
Otro conflicto que se destapó es el de las provincias. “En algunos distritos, los gobernadores controlan la justicia, lo que les otorga una ventaja competitiva frente a una posible denuncia”, se quejó otro legislador.
Aunque una de las críticas más relevantes proviene de varios diputados, quienes perciben que la propuesta de Ficha Limpia pone en riesgo las competencias políticas. “En los últimos años, el poder que más ha acumulado es el Judicial, y con esta ley se les está dando la llave para que ellos decidan quién puede ser candidato”, sostuvo un dirigente opositor que aún no ha definido si estará presente hoy en el recinto.
Qué dice la norma
El texto del dictamen de mayoría, respaldado por el PRO, establece que la inhabilitación de un candidato se activará “desde que exista una sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando sea confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”. La confirmación por parte de “un órgano judicial de instancia superior” sería la sentencia de la Cámara de Casación.
Quedarían incluidos los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, el fraude en perjuicio de la administración pública y todos aquellos delitos incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en cumplimiento con la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Este último punto es el que buscarán discutir y modificar los diputados de otros bloques que acompañan al PRO y a LLA, ya que consideran que hay delitos que también deberían excluir a los posibles candidatos. “El problema es que lo que se quiere aprobar no es bueno, pero tiene muy buena prensa. Y la presión sobre eso es difícil”, explicó un legislador.
El bloque de Unión por la Patria plantea que las condenas solo deben quedar firmes cuando la última instancia se expida, es decir, la Corte Suprema, y propone agregar a la lista otros delitos económicos.
Por último, se abordará la modificación del Código Procesal Penal y el Código Procesal Federal en relación con el juicio en ausencia del imputado. Este tema es de especial relevancia en el contexto de garantizar el debido proceso y los derechos de los acusados, incluso cuando no están presentes en el juicio.
