El Gobierno envió este lunes al Congreso el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, el cual ingresó a la Cámara de Diputados y se espera sea debatido tras el receso de invierno.
Se trata de un nuevo Régimen Penal Juvenil, conformado por 52 artículos, que lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).
La normativa establece que el régimen penal será aplicable a los adolescentes “desde los 13 años de edad hasta las 00 horas del día en que cumplan 18 años de edad, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”, teniendo en cuenta la edad al momento de la comisión del hecho.
Según señalaron, el objetivo es “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
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El documento indica que a lo largo de todo el proceso penal el adolescente imputado gozará de los derechos y garantías reconocidos tanto en la Constitución Nacional como a nivel internacional. Además, al recibir una condena de ejecución condicional u otra pena se le impondrán “medidas complementarias” como asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; asistencia a programas educativos, de formación ciudadana y de capacitación laboral; participación en programas deportivos, recreativos o culturales; tratamiento médico o psicológico i) obligación de concurrir al tribunal o ante la autoridad que el juez determine; y prohibición del consumo o uso de estupefacientes o de bebidas alcohólicas, entre otros.
También menciona que “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes”.
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La normativa del Poder Ejecutivo cuestiona que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.
Con respecto a la baja de la edad de imputabilidad, remarcaron que la edad vigente de 16 años “genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”. “Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”, afirmaron.