El régimen de Nicolás Maduro emitió una orden de arresto contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el caso del avión de Emtrasur que se encontraba en Argentina y fue confiscado por Estados Unidos.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, emitió un mensaje desde la sede del Ministerio Público en Caracas, en el que acusó a Milei de ser un “ladrón roba aviones” que envió “unos sabuesos a ofender a la institucionalidad democrática venezolana”.
Según la Justicia chavista, el Boeing 747 – 300 de Emtrasur que se encontraba retenido en el país desde 2022, tuvo problemas para cargar combustible por un “incumplimiento” de Shell para su abastecimiento en el Aeropuerto de Ezeiza. Por tal motivo partió hacia Uruguay, pero el Gobierno revocó el permiso para circular por su espacio aéreo, motivo por el cual retornó a Buenos Aires.
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Ya en Argentina, retuvieron el avión y a sus 19 tripulantes, cinco de ellos de nacionalidad iraní, quienes afirmó fueron “secuestrados” y “privados ilegítimamente de libertad”. Meses después, por una orden de un juez argentino “la aeronave fue trasladada ilegalmente a Estados Unidos con un plan de vuelo para el cual indicaron una matrícula y bandera estadunidense” para luego ser desmantelado.
Según el funcionario venezolano, la presentación judicial se enmarca en el artículo 15, párrafo 2, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional: “Le da la posibilidad del Estado parte, en este caso Venezuela, para establecer su jurisdicción como en el caso que nos ocupa, fue cometido el delito a bordo de una aeronave debidamente registrada, así como también fue cometido contra en este caso compatriotas venezolanos”.
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“Se establece la facultad de nuestro país de ejercer su jurisdicción no solo como forma de defensa ante acciones tendientes a atacar, desconocer e irrespetar responsabilidades penales y la sanción respectiva que las mismas conllevan ante la comisión por las personas involucradas de los tipos penales en los que incurran”, arremetió.
Además, en base a la legislación venezolana, acusan a Javier Milei, su hermana Karina y Bullrich de los delitos de robo agravado; legitimación de capitales; privación y legítima de libertad; simulación de hecho punible; interferencia ilícita; inutilización de aeronave; y asociación para delinquir.
Por otro lado, libraron una segunda investigación contra el mandatario argentino y su ministra de Seguridad por los hechos de represión contra jubilados en las últimas marchas por el veto a la jubilación: consideraron que “podríamos estar en presencia de graves violaciones a los Derechos Humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.
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LA RESPUESTA DE CANCILLERÍA
El organismo a cargo de Diana Mondino emitió un comunicado en el que repudió las órdenes de aprehensión dictadas por el régimen de Nicolás Maduro contra Milei y las funcionarias.
Desde Cancillería señalaron que “el mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional”.
“El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro”, enfatizaron.
