Luego de que el Gobierno nacional conformara el llamado a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de febrero e incluyera en el temario el tratamiento del proyecto de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, finalmente ingresó a Diputados el proyecto concreto del Ejecutivo.
La iniciativa, planteada en un documento de 410 páginas, lleva la firma del diputado peronista Eduardo Valdés, del Frente de Todos, e incluye el apoyo de otros tantos legisladores, de diez gobernadores y del propio presidente Alberto Fernández.
Tal como lo había anticipado el mandatario, la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja dará tratamiento al proyecto para enjuiciar a Horacio Rosatti (titular de la Corte), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por varios motivos.
El principal y el desencadenante es la presunta intromisión del máximo tribunal en los demás poderes de gobierno, tras el fallo por la coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires. «Resulta evidente que la decisión adoptada por los Ministros de la Corte es eminentemente política y parcial, por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal», afirma el texto presentado.
De acuerdo, a la acusación, “la Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficiente de coparticipación del distrito más rico del país (…), en tanto que los numerosos argumentos vertidos en pos de dar cuenta de las arbitrariedades que justificaron un aumento desproporcionado de este coeficiente no fueron debidamente atendidos».
Y a esto, se sumó otra denuncia respecto al manejo de la obra social del Poder Judicial, tema que será investigado a lo largo del proceso.
Las sesiones están convocadas entre el 23 y el 28 de febrero. En ese lapso están citados a declarar los cuatro jueces de la Corte, además de «todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados».
El juicio político a la Corte Suprema es uno de los 27 proyectos que debatirá el Congreso este verano. Vinculado a él estará el de la ampliación del número de miembros del tribunal, la modificación del Consejo de Magistratura y una norma específica para designar un Procurador General, algo que el Gobierno no consiguió en estos tres años.
De todos modos, se trata de un gesto político de visibilización más que de probables leyes, ya que el oficialismo no cuenta con mayoría propia y la oposición anticipó que no dará quórum para su tratamiento en el recinto.
