El Ministerio de Seguridad de la Nación dio a conocer documentos que confirman que el gobierno de Venezuela había autorizado oficialmente el ingreso del gendarme argentino Nahuel Gallo al país. Ese permiso fue otorgado a fines de noviembre con el propósito de que Gallo pudiera realizar una visita de carácter recreativo para reunirse con su pareja, María Alexandra Gómez García, y su hijo. Sin embargo, el paradero de Gallo sigue siendo un misterio desde su detención el pasado 8 de diciembre.
Uno de los documentos presentados por las autoridades argentinas es una carta de invitación emitida por Gómez García y certificada por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías de Venezuela, organismo dependiente de la Vicepresidencia de ese país.
En este documento, validado tras el pago de una tasa de 804 bolívares, se especificó que Gallo planeaba permanecer en el país entre el 7 y el 30 de diciembre, alojándose en el departamento de su pareja en Puerto La Cruz, a 325 kilómetros de Caracas. Además, Gómez García detalló que Gallo es su pareja desde hace cinco años y padre de su hijo menor, dejando en claro que la visita tenía un propósito exclusivamente personal.
A esto se suma otro documento emitido el 21 de noviembre por la dirección de personal de Gendarmería Nacional, que autorizó a Gallo para ausentarse del país desde el 5 de diciembre hasta el 3 de enero. Este dato refuerza la posición de las autoridades argentinas, que buscan desmentir las acusaciones del gobierno de Nicolás Maduro, según las cuales Gallo formaba parte de un plan para facilitar la salida de opositores refugiados en la embajada argentina en Caracas, ahora bajo jurisdicción brasileña.
Las declaraciones de Diosdado Cabello, número dos del régimen chavista, intensificaron la controversia al insinuar que Gallo estaba involucrado en actividades relacionadas con estos opositores. Ante estas acusaciones, el gobierno argentino defendió la legitimidad del viaje de Gallo, enfatizando que cualquier irregularidad administrativa debería haber llevado a su expulsión, no a su retención sin información sobre su paradero.
La polémica también escaló tras las declaraciones del exembajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, quien cuestionó la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto al caso. Laborde sugirió que la falta de notificación a las autoridades venezolanas y colombianas sobre el ingreso de un miembro de Gendarmería pudo haber generado sospechas.
Desde el Ministerio de Seguridad, respondieron calificando a Laborde como un «personero del régimen chavista» y reafirmaron que los documentos presentados demuestran la autorización formal del viaje, subrayando la gravedad de la detención del gendarme en territorio venezolano.
