El Gobierno nacional pone en marcha un plan de evaluación para empleados públicos que incluirá la revisión de las nóminas en todas las áreas del Estado.
Más de 40.000 trabajadores temporales deberán someterse a exámenes de idoneidad, cuyo resultado será determinante para la renovación de sus contratos. Este proceso busca asegurar que el personal cumpla con un nivel básico de competencias acorde a los requerimientos del sistema estatal.
El Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, publicará en los próximos días las condiciones específicas de estas evaluaciones. Las pruebas serán presenciales, diferenciadas según la complejidad del puesto: profesional, administrativo y servicios generales, y buscarán establecer un estándar equivalente a un nivel secundario completo.
Inicialmente, las evaluaciones estarán dirigidas a trabajadores temporales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se realizarán en las instalaciones del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y, eventualmente, en Tecnópolis. Las excepciones incluyen a empleados de planta permanente, residentes del interior y personas con discapacidad, quienes estarán exentos de esta etapa del programa.
La aprobación de estas pruebas será obligatoria tanto para renovaciones de contratos como para nuevos ingresos, aunque no garantizará la recontratación, ya que esta dependerá de la decisión administrativa de cada área. “El objetivo no es crear un filtro, sino establecer un mecanismo objetivo para evaluar la eficiencia del personal”, comentaron fuentes oficiales.
Cada empleado tendrá tres oportunidades anuales para aprobar el examen, que consistirá en una evaluación de una hora con preguntas de opción múltiple resueltas en tabletas o computadoras. Los resultados serán procesados automáticamente y solo quedará registrado si el examen fue aprobado o no. Además, se habilitará un sistema de turnos en línea para gestionar las evaluaciones.
Hasta el momento, el Poder Ejecutivo ha reducido drásticamente el tamaño de la administración pública, con la eliminación de 30.000 puestos, la reducción de ministerios de 18 a 8 y el cierre de 300 direcciones y coordinaciones. Este programa de evaluaciones forma parte de un esfuerzo más amplio por optimizar los recursos del Estado y mejorar su funcionamiento.
