Javier Iguacel, intendente de Capitán Samiento y titular de Vialidad Nacional durante el Gobierno de Mauricio Macri, dialogó hoy con Nancy Pazos en Radio Metro y se refirió a la decisión del oficialismo de suspender los contratos de los peajes. «La extensión no es ilegal, estaba en el propio contrato», aclaró y precisó que «las empresas inician un juicio por 2.000 millones de dólares por los incumplimientos del Estado a la actualización de las tarifas y esta extensión fue la solución a esa denuncia».
En esa línea dejó en claro que no aceptó llevar a cabo esa extensión hasta tanto la familia Macri no vendió su paquete accionario. «Yo me negué a realizar cualquier negociación hasta que se vendiera el porcentaje en manos de la familia Macri«, aseveró y sostuvo que «es mentira que pagariamos 1.800 pesos el peaje«.
Frente a ese panaorma, indicó que la extensión de acuerdos es una figura legal que suelen utilizar los gobiernos luego de los vencimientos de los contratos entre las partes. «Es verdad que se extendieron diez años los contratos, como también es verdad que este mismo Gobierno extendió los contratos del oleoducto que saca toda la producción de Vaca Muerta que ni siquiera vencía ahora sino en 2027«, remarcó.
«Todos los contratos de concesión de la década del 90 le permitían al Estado una extensión de diez años», recordó y por lo tanto, afirmó que «es totalmente legal. «El propio contracto dice que vencida la concesión se puede vencer diez años», añadió.
Iguacel explicó que se tomó la decisión, debido a que, luego de la construcción de las autopistas en 1997, los inversores recuperarían el dinero mediante el cobro de peajes, pero que, después de «violaciones en los contratos», las firmas perdieron poder adquisitivo.
«En 2015, el Estado argentino tenía un juicio iniciado por 2 mil millones de dólares, producto de la irresponsabilidad de los políticos de turno que vulneraron o violaron dos veces ese contrato», argumentó y detalló que «en la década del 90 se construye la autopista, y el contrato decía que el que viene a construir debía poner todo el dinero, y con los peajes se recupera la inversión con mantenimiento».» Eso pasó, en el 97 se terminaron las obras, a los tres años empezaron a cobrar peajes, y con el cambio de la situación económica, el peaje que estaba en dólares, cuando Duhalde pesificó la economía, esos contratos perdieron el efecto que tenían«, sostuvo.
Además, hizo hincapié en que «hay un mandato de la Ley de Emergencia Económica que estable que se tienen que renegociar para recomponer la ecuación financiera de los contratos» y subrayó que «en 2006, el propio Néstor Kirchner firmó un decreto avalando la negociación y poniendo un sistema tarifario que se actualiza con un indice indexado».» A los seis meses que debía aplicarse, no se aplicó, y se empezó a generar la contingencia. Era la segunda vez que se quebraba el contrato«, añadió.
Sin guardarse nada, adelantó que «estoy analizando denunciar a (Gabriel) Katopodis y al Presidente por la contingencia de un juicio que vamos a tener que pagar entre todos», debido a que, «si le vuelven a sacar el contrato vamos a tener un juicio por 2.000 millones de dólares» por lo que «si el Presidente y Katopodis quieren revertir el contrato que paguen de su bolsillo lo que nos va a costar a todos, debería pagarlo con su patrimonio», recalcó y agregó que «cuando un delito es demostrado, deben pagar las consecuencias quienes tienen que pagarlas. Cuando comprendamos que si hay un contrato no tienen que violarlo…».
Fue en ese momento cuando Nancy Pazos lo cruzó y le dijo: «Bueno, yo diría lo mismo cuando tomaron la deuda externa que tomaron sin poder pagarla. Así que sería genial cada uno respondiera con su patrimonio, a mí me encantaría eso» a lo que Iguacel le respondió que «estamos de acuerdo en eso. Los políticos deberían responder con su bolsillo cuando toman deudas que no pueden pagar».
Para concluir, comparó el aumento de los peajes cuando todavía se encontraba en poder de la familia Macri con el dólar soja. «Wado de Pedro tiene campos y vende soja, ¿el dólar soja tuvo alguna excepción para funcionarios?», se preguntó y lanzó: «Capaz tenemos la dificultad para entender que la ley es igual para todos».
