Hoy el fiscal federal Diego Luciani empezó su alegato en la causa de Obra Pública en la que se encuentra imputada la vicepresidenta, Cristina Kirchner y lejos de quedarse callado, denunció la existencia de una asociación ilícita institucional liderada por la exmandataria.
Además, el funcionario cuestionó a la Unidad de Información Financiera (UIF) por haber decidido bajarse de la acusación contra la titular del Senado y no haber precisado las razones por las que no consideró la «profusa prueba» generada en el trancurso de la discusión.
«El trabajo de la UIF fue temerario«, aseveró y recalcó que «no valoraron la prueba y la escasa prueba que valoraron, la tergiversaron» e insistió con que «debió explicar por lo menos mínimamente por qué descartó la cuantiosa prueba». Por lo tanto, calificó al accionar de la entidad como «vago, impreciso y carente de rigurosidad».
«Cuándo asumió la presidencia Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández establecieron un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz», afirmó Luciani y agregó que tanto ambos dirigentes como el «amigo Lázaro Báez» eran quienes encabezaban la pirámide de esa esa estructura de corrupción.
En esa línea, se centró en el empresario y remarcó que «en 39 casos Báez logró 700 meses de prórrogas, algo así como 63 años» y añadió que «consiguió más de 1.500 millones de pesos en concepto de incrementos presupuestarios. Todo con un procedimiento legal» al tiempo que indicó que «24 obras de las 51 adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas«.
Frente a ese panorama, el fiscal aseguró que tanto Néstor como Cristina Kirchner llevaron adelante «un auténtico y eficaz sistema de corrupción» e hizo hincapié en que tiene evidencia que demuestra que «funcionó en el seno del estado una asociación ilícita». En ese sentido, sostuvo que se utilizó la obra pública de Santa Cruz como forma de obtener el dinero y así beneficarse económicamente. «Se le dio al plan algo inaudito: se creó un oferente», marcó y detalló que «las 51 licitaciones analizadas buscaron eliminar la competencia para que Báez fuera beneficiado ilícitamente con contratos millonarios» y sobre Austral Construcciones, señaló que «crearon la empresa constructora que les respondiera».
No solo Cristina Kirchner y Lázaro Báez se encuentran en el banquillo de los acusados. También son juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
Fuente: www.noticias.argentinas.com
