Hoy se llevó a cabo el segundo debate por el juicio político a la Corte Suprema en la Cámara de Diputados. Fue una jornada cargada de diversos testimonios, entre los que resaltó el de Patricia Isasa, quien apuntó contra el juez y actual titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti en el marco de la dictadura militar argentina.
La mujer afirmó que cuando Rosatti fue intendente de Santa Fe en la década del 70, apoyó y protegió a Eduardo Ramos, un expolicía y represor que la secuestró y la torturó durante esa época. Relató que Ramos era conocido como «el matón de Rosatti» cuando éste se desempeñaba al frente de la gestión de esa provincia argentina.
Foto: NA/ Marcelo Capece
Isasa hizo hincapié en que se puso en contacto con Rosatti a fin de advertirle sobre Ramos. «Le dije que fue quien me secuestró, me torturó», sostuvo y remarcó que «no me dijo ni sí ni no, ni blanco ni negro, no se comprometió a nada». Por lo tanto, aseveró: «Nos merecemos jueces probos, no nos merecemos una persona como Rosatti«.
Quien también prestó su testimonio fue Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que afirmó: «Debe decirse en primer lugar que el juicio político no solo es admisible si no que llega muy tarde» porque «estos jueces de la Corte han hecho mucho daño ya«.
Nora Cortiñas, en la Comisión de Juicio Político: "Si estos jueces tuvieran un mínimo de dignidad, en estos momentos estarían renunciando al cargo que tienen". pic.twitter.com/40TSqQLzFv
— Sergio Villone (@sergioVillone) February 2, 2023
«Las voces que se escuchan y se leen en contra de este juicio político son interesadas«, aseguró y agregó que «se difunden por quienes son los beneficiarios en el proceder de los jueces y por sus decisiones«. En ese punto, se centró en «los grupos mediáticos, como Clarín y los grupos económicos concentrados» y añadió que «muchos de ellos fueron clientes de Rosenkrantz y también los represores, los genocidas y violadores de los derechos humanos«.
En esa línea remarcó que «en Argentina lo prueba la sentencia del 2×1 y los antecedentes de Rosatti cuando era intendente de Santa Fe» y es por eso, que sostuvo que «estamos participando porque este juicio era imprescindible». «Creemos que vamos a seguir adelante y estaremos juntos para empujar los proyectos que más convengan para llegar al juicio». Para concluir, subrayó: «Si estos jueces tuvieran un mínimo de dignidad en este momento estarían renunciando al cargo que tienen«.
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En cuanto a los partidos políticos, el Frente de Todos confirmó su pedido de juicio político para los cuatro miembros de la Corte mientras que la Coalición Cívica solicitó que se lleve a cabo ese proceso únicamente contra uno de sus integrantes, Ricardo Lorenzetti.
«Tenemos la profunda e íntima convicción de que Lorenzetti no cumplía las condiciones para ser juez de la Corte«, aseguró Paula Oliveto, diputada de la fuerza opositora y apuntando contra Mauricio Macri, marcó que «en ese momento no tuvimos un presidente que acompañara el pedido«. Sin guardarse nada, recalcó que «Lorenzetti tiene unos tentáculos, que nosotros no nos imaginamos, en la Justicia, en la política y en varios ámbitos» por lo que «no es fácil hablar de Lorenzetti», sostuvo.
Foto: NA / Marcelo Capece
Por su parte, Eduardo Valdes, diputado del kirchnerismo, afirmó que «el juicio es de carácter político» y subrayó que «el mal desempeño configura un acto irracional». Luego puso el foco en la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y consideró: «Incomprensible que la Corte ni siquiera haya contestado a los 15 gobernadores que se presentaron como ‘amicus curiae’ en el expediente. «No sólo no los escuchó, ni siquiera les contestó», enfatizó.
En el día de la fecha comenzará a tratarse en @DiputadosAR el pedido de #JuicioPolítico a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Conocé en qué consiste este proceso. 👇 pic.twitter.com/L5S5iodHuM
— Diputados de TOD☀S (@Diputados_Todos) January 26, 2023
Por último, aseveró que «Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda dieron un golpe de Estado para consagrar la toma del Consejo de la Magistratura» en alusión al fallo del máximo tribunal que determinó que la ley del 2006 era inconstitucional y puso en marcha nuevamente la normativa de 1997, que había sido derogada.
