El conflicto en Jujuy pasó al plano judicial y el gobierno de esa provincia resolvió presentarse como querellante en diversas causas que investigan los hechos de violencia que tuvieron lugar el pasado 20 de junio.
En ese marco, el gobernador provincial, Gerardo Morales, decidió solicitar condenas que conllevan hasta 25 años de cárcel para los imputados por atacar la Legislatura jujeña. Los delitos, que ocurrieron el marco de las protestas contra la nueva Constitución son: estrago doloso agravado, sedición, tentativa de homicidio, y atentado y resistencia a la autoridad, entre otros.
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Además están los daños contra los bienes de uso público calculados en mil millones de pesos. Por estas acciones, las penas son de 5 a 25 años tras las rejas o reclusión.
Aparte de la privación de la libertad, también hay sanciones económicas que llegan a los $2.500.000. Sobre este punto, Morales fue contundente y aseguró: «Se van a tener que hacer cargo».
LA PALABRA DEL FISCAL
Por su parte, el fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas habló sobre lo ocurrido y asveró que los hechos fueron «orquestados, planificados y ejecutados por personas y organizaciones sociales y políticas que solo buscaban perjudicar el orden social» y añadió que se llevaron a cabo con «con métodos extorsivos y sediciosos atropellaron instituciones y autoridades públicas».
En consecuencia, «estamos solicitando la detención inmediata de los violentos, extorsionadores y delincuentes» a quienes les «caerá todo el peso de la Ley».
Para concluir, el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro, sostuvo ayer que desde su cartera «se están aportando todas las pruebas necesarias para la investigación de las causas que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación».
