En el marco de la investigación al diputado kirchnerista, Rodolfo Tailhade, por supuesto espionaje ilegal, Juntos por el Cambio pidió el desafuero del legislador, que entregue su celular y que la Comisión Bicameral inicie una investigación.
La coalición opositora argumentó que el miembro de la Cámara Baja se encuentra acusado de «presunta participación en una organización criminal dedicada al espionaje ilegal y otras actividades ilegales, violando los derechos y garantías establecidos por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos».
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La solicitud lleva la firma de los diputados: Soher El Sukaria, Graciela Ocaña, Dina Rezinovsky, Ana Clara Romero, Fernando Iglesias, Oscar Agost Carreño, Adriana Ruarte y María Luján Rey.
«La investigación a cargo del fiscal Gerardo Pollicita ha revelado la existencia de una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, obteniendo datos personales para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso haciendo requerimientos de dinero a su nombre«, precisa el proyecto de Diputados.
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«Esta organización criminal habría tenido como ‘objetivos’ a cientos de personas, entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros», remarca y agrega que «sus actividades ilegales incluyeron tareas de inteligencia, la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, la filmación subrepticia de los objetivos y el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada».
Luego, JXC se centra en Tailhade y hace hincapié en que fue nombrado «en múltiples comunicaciones y diálogos con el espía detenido en el contexto de estas actividades ilegales». En ese punto subraya que «habría estado vinculado a esta organización criminal y habría recibido información obtenida de manera ilegal, incluyendo datos sobre movimientos migratorios de magistrados y archivos con información de decenas de jueces y fiscales federales».
Por lo tanto, afirma que «la integridad y moralidad de los representantes en esta Cámara son fundamentales para el funcionamiento adecuado de la democracia» y cierra: «La participación del diputado Tailhade en actividades ilegales de esta magnitud atenta contra los principios y valores fundamentales de la República y el ejercicio de la función pública».
