La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), principal entidad de derechos humanos de América, llamó al Gobierno a respetar la libertad de expresión de los ciudadanos mediante un informe en el que cuestionó el «uso desproporcionado» de la policía en manifestaciones tanto contra los asistentes como contra periodistas.
El texto surge luego de las protestas del 12 de junio frente al Congreso de la Nación en rechazo a la Ley Bases.
«La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiestan su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza pública contra personas que participan en protestas pacíficas y contra periodistas en Argentina y los actos de violencia perpetrados por particulares», marcó el organismo en un comunicado.
Por lo tanto, «urgen al Estado a respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como garantizar la seguridad de la población y abstenerse de criminalizar la protesta y a quienes participan de ella, y a cumplir con los estándares interamericanos sobre el uso excepcional de la fuerza pública».
Luego se centró en las marchas contra la Ley Bases y precisó: «La CIDH y su Relatoría Especial recibieron información sobre el uso desproporcionado de armas menos letales, como irritantes químicos manuales, tonfas, balas de goma y camiones hidrantes por parte de la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional durante las manifestaciones».
Agregó que «además, se reportó la presencia de efectivos policiales sin uniforme y de miembros de la Prefectura Naval portando armas de fuego» y tambíen «reportes de varios periodistas y trabajadores de la prensa que resultaron heridos debido al uso presuntamente abusivo de gas pimienta y balas de goma por agentes de la fuerza pública».
En esa línea hizo hincapié en que «resultan de especial preocupación las declaraciones estigmatizantes y criminalizantes contra manifestantes realizadas por el Gobierno a través de un comunicado de prensa de la Oficina del Presidente, en el que se calificó de forma generalizada a las personas como ‘terroristas'».
«El Gobierno describió los hechos como ‘un golpe de Estado moderno’, y justificó así la respuesta de las fuerzas de seguridad ‘en defensa de la democracia'», cuestionó.
«Las calificaciones genéricas de ‘terroristas’ hacia los manifestantes y las acusaciones sobre supuestos planes de ‘golpe de estado’ pueden tener un impacto negativo en el debate público y la resolución pacífica de los conflictos sociales», advirtió y consideró que «además, pueden activar o exacerbar actos de discriminación, hostilidad, intolerancia o violencia».
Ante ese panorama, aseveró que «el uso de la fuerza pública es un recurso último y excepcional que debe limitarse a circunstancias en las que se acredite la legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad de esta».
Y sumó: «Las armas de fuego deben estar excluidas en los operativos de control de las protestas sociales a fin de prevenir la violencia letal. Al respecto, el Estado argentino debe investigar los hechos descritos y sancionar a quienes resulten responsables».
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