Tras el anuncio oficial, el Gobierno nacional no lograría convocar a sesiones extraordinarias en diciembre debido a la ausencia de acuerdos parlamentarios con los bloques de la oposición.
La expectativa de convocar a extraordinarias había sido confirmada días atrás por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien anunció en su cuenta de X que las sesiones se llevarían a cabo entre el 5 y el 27 de diciembre con un temario definido.
Entre los puntos destacados figuraban la reforma electoral, la reforma política, el juicio en ausencia, la ley anti mafias y los viajes presidenciales. Sin embargo, estos temas no lograron el consenso necesario y la convocatoria quedó en suspenso, posiblemente hasta febrero.
«No están los acuerdos que nos indiquen un temario para tratar en sesiones extraordinarias», afirmó Guillermo Francos hace algunos días. «Todos conocen cuál es nuestra situación parlamentaria, estamos en minoría, y dependemos de pre establecer acuerdos para tratar los temas en el Congreso», agregó.
Desde la Casa Rosada justifican el contexto: el Poder Ejecutivo se encuentra en minoría legislativa y que, ante la falta de consenso, no se justificaría el llamado.
El presupuesto 2025 fuera de discusión
Entre las principales críticas de los sectores opositores está la exclusión del debate sobre el Presupuesto 2025, un tema central para las provincias. La falta de acuerdos en torno al presupuesto no solo es un desafío económico, sino también político.
El presupuesto elaborado por el equipo económico de Milei establece una regla fiscal estricta: el equilibrio entre ingresos y gastos, evitando que el Estado gaste más de lo que recauda. Sin embargo, el Gobierno enfrenta una fuerte resistencia de las provincias, que reclaman una mayor asignación de fondos en un contexto económico que para muchas sigue siendo complejo.
Estas disputas llevaron a la administración nacional a contemplar una medida sin precedentes en la política argentina: la prórroga del presupuesto 2023 como herramienta para sortear la falta de acuerdos.
El conflicto por las partidas presupuestarias se ha convertido en un eje de tensión entre Milei y las provincias. El oficialismo se resiste a ceder ante las demandas de los gobernadores, lo que complica aún más el panorama legislativo.
Entre los proyectos en los cuales el oficialismo buscaba avanzar está la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). Al no lograr el acercamiento necesario con los bloques opositores, el oficialismo prefiere desistir hasta allanar camino tal vez en febrero y evitarse una derrota legislativa en un muy buen momento para la imagen de la gestión.
Además de eliminar las PASO, la propuesta incluía un punto muy importante que implica modificaciones en la publicidad estatal otorgada a los partidos políticos, el financiamiento y los requisitos mínimos para su funcionamiento. Pero la falta de acuerdos también frenó este avance, dejando en evidencia las dificultades del oficialismo para negociar su agenda en un Congreso fragmentado.
Otras iniciativas en pausa
Además de las reformas electorales, otros proyectos clave quedaron en el tintero. Entre ellos, la ley anti mafias y el juicio en ausencia, que tampoco lograron el consenso necesario. También generó controversia la no inclusión de la privatización de Aerolíneas Argentinas, impulsada por el diputado Hernán Lombardi del PRO, en el temario anunciado previamente como así también el nuevo proyecto de Ficha Limpia en el que trabajarían los libertarios.
La ausencia de estos temas ha generado roces entre los bloques oficialistas y opositores, reflejando un clima de alta tensión política.
Un panorama inédito
La posible prórroga del presupuesto 2023 marcaría un precedente inusual para la política argentina, más aún teniendo en cuenta una agenda económica que busca sostener el equilibrio fiscal.
El presidente se enfrenta así un escenario complejo, con dificultades para articular consensos en un Congreso donde carece de mayoría y donde los bloques provinciales tienen demandas específicas que aún no encuentran respuesta.
Si bien las sesiones extraordinarias podrían convocarse en febrero, el tiempo juega en contra para resolver los desacuerdos sobre temas centrales. Sin una solución pronta, la incertidumbre legislativa se extiende, impactando en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias.
El oficialismo, que prometió un cambio profundo en la administración del Estado, enfrenta ahora un obstáculo significativo: demostrar que puede manejar las tensiones internas y externas para lograr un equilibrio entre sus objetivos y las demandas del resto del arco político.
