La semana pasada, el fiscal Diego Luciani, quien tuvo a su cargo la investigación de la llamada “Causa Vialidad” (por la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación por 12 años), participó del Encuentro Internacional de la Corrupción Transnacional, organizado por Transparencia Internacional, que se llevó a cabo en la Casa de América, en Madrid.
Allí se refirió a cómo la Justicia debe afrontar la lucha contra la corrupción y, en ese marco, sostuvo que los Estados garantizan la impunidad cuando las instancias superiores no ratifican los fallos de las primeras instancias basados en profundas investigaciones y cuando no se logra recuperar el dinero robado por la corrupción.
En su habitual espacio de los miércoles en Newsweek Argentina, Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura argentino y actual coordinador de la Cátedra Vargas Llosa, coincidió con esos conceptos y explicó por qué este es un tema crucial para la Argentina.
GARANTÍA DE IMPUNIDAD
El análisis de Darío Lopérfido, desde España
Para el intelectual argentino, “fue muy importante lo que dijo el fiscal Diego Luciani la semana pasada en una conferencia organizada por Transparencia Internacional, porque va al punto del gran problema de la Argentina, de la Justicia argentina”.
En ese sentido, destacó: “Él fue el fiscal de la Causa Vialidad, cuyo fallo que condenó a Cristina Kirchner ahora está en revisión por parte de la Cámara de Casación Penal. Luciani dijo: ‘La Justicia no puede ser garante de la impunidad. Tenemos que llegar a condenas, y esas condenas tienen que quedar firmes. Si la persona corrupta tiene que ir presa, que vaya presa’”. Y agregó: “También afirmó otra cosa muy importante: ‘Si tiene que devolver los bienes que se llevó del Estado, lo tiene que hacer, porque, si no, el resultado del proceso es la impunidad’”.
“La política argentina es muy corrupta, y en especial el peronismo y el kirchnerismo, pero, sin embargo, ha habido muy pocas condenas por corrupción. Y lo que sucede es que nadie devuelve los fondos”, subrayó Lopérfido.
Sobre este punto, reflexionó: “Julio De Vido fue condenado y estuvo preso. ¿Qué devolvió? Pasa unos años en prisión y luego sale y es millonario. Y lo mismo podríamos decir de Lázaro Báez y un montón de gente que se hizo rica robándoles a los ciudadanos. No alcanza con que vayan a la cárcel. Además hay que quitarles los bienes”.
La gente está harta de la corrupción kirchnerista pero también de los políticos que no lo entienden
Pero, por otra parte, sostuvo que hay otro problema que permite que esa maquinaria funcione: “La lentitud”. “Una cosa es el sistema de garantías constitucionales, y otra es que el sistema esté diseñado a favor de los culpables. Cristina tuvo un juicio oral: la condenaron. Va a Casación, y Casación tarda un montón de tiempo con una causa que había sido muy analizada. Ahora se supone que se va a expedir y a confirmar el fallo. Entonces Cristina va a ir a la Corte. Son años y años en los que no hay una condena efectiva y nadie va a la cárcel”, analizó.
Y señaló: “Esto contrasta con la otra realidad argentina, en la que alguien sí va preso por robar una gallina. El sistema institucional argentino es lento y muchas veces beneficia al corrupto”.
Por eso, para el exdirector del Teatro Colón “Luciani pone muy bien la atención en esto cuando dice que ‘la impunidad queda a la vista cuando las sentencias no quedan firmes, cuando los involucrados no van presos y cuando no se devuelven los bienes al Estado’”. “Está clarísimo, y es algo de lo que no se habla. Si el fallo no queda firme porque de apelación en apelación pasan cinco años, eso se traduce en impunidad. Y hace que mucha gente que debería estar condenada muera sin pisar la cárcel, porque los procesos son largos y hay abogados que se dedican a defender corruptos y son especialistas en ganar tiempo”, aseguró.
Todo esto, según consideró, se relaciona con otra noticia de la semana pasada: “Respecto a esto de recuperar lo robado, la semana pasada se anunció que Argentina no cayó en la Lista Gris del GAFI, el grupo de acción financiera internacional que persigue los casos de lavado de dinero. Pero se le reclamó a Argentina que insista materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. Lo destacable es que se haya vuelvo a hablar de ese tema”.
“El lavado tiene que ver con la lentitud del sistema y la política. Los políticos que roban, luego lavan el dinero, porque es mucho y no lo pueden gastar en su vida cotidiana; tienen que hacer maniobras, muchas veces internacionales”, explicó Lopérfido.
Y continuó: “Esta decisión del GAFI es importante, porque en 2010, durante el Gobierno de Cristina, el país había caído en la Lista Gris. La manera de no caer es justamente tener una política muy activa contra la corrupción y contra el dinero que se genera por ella. El dinero de la corrupción termina en lavado. Es exactamente lo que dice el fiscal Luciani: si no hay una consolidación de las causas y ni se recupera el dinero que se robó, hay impunidad”.
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Siguiendo esa línea, se preguntó: “Lázaro Báez, Daniel Muñoz, todos los empresarios que hicieron negocios con el kirchnerismo, De Vido, López (el que tiraba los bolsos con dinero en un convento), Ricardo Jaime. ¿Cuánto tiempo tardaron en ir a prisión y cuánto dinero se recuperó de lo que robaron?”.
“No hay justicia y hay impunidad si las causas no se resuelven y se extienden en tiempos larguísimos de apelaciones. Y esto se potencia si a la gente que fue corrupta no se le quita el dinero que robaron y siguen disfrutando. Este es un gran tema de la Argentina y celebro que Luciani lo haya planteado en un foro internacional, porque es a lo que realmente debería abocarse la Justicia argentina”, sostuvo.
Y concluyó: “Por el contrario, señales como querer llevar al juez Lijo a la Corte Suprema son malas, porque Lijo forma parte de ese sistema de dilaciones cuando se trata de investigar la corrupción de los políticos y del poder”.
