Este jueves, los gremios docentes de las universidades públicas convocaron a un cese total en las actividades como respuesta a la decisión de la Cámara de Diputados de mantener el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. En paralelo, la comunidad educativa ha intensificado sus acciones con la toma de varias instituciones y la organización de múltiples asambleas para armar un plan de lucha común frente a la situación actual. Newsweek Argentina conversó con participantes de las medidas de fuerza.
En la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), la situación se tornó especialmente tensa con las imágenes que mostraban a estudiantes intentando ingresar al predio que por seguridad, los propios convocados, habían cerrado. Sergio Barberis, secretario general del gremio docente de la UNLaM, explicó: “Tras la ratificación del veto, decidimos tomar la universidad a las 18 horas y estamos aquí para cuidar y defender nuestra universidad en este contexto”. Barberis subrayó la importancia de la UNLaM, que cuenta con aproximadamente 78.000 alumnos, 2.600 docentes y 600 no docentes, y destacó que el veto no es solo un problema económico, sino una decisión política que afecta a la educación pública. Sobre cuánto tiempo durará la medida explica que si bien se supone es por tiempo indeterminado, las distintas federaciones que nuclean a los universitarios, este lunes volverán a la actividad para desarrollar una serie de medidas de fuerza que van a definir la situación. En La Matanza participan alumnos, docentes y no docentes de la vigilia.
“Es una situación que nos duele mucho”, cuenta Barberis
Mientras tanto, en la Universidad de Buenos Aires, Agostina Olivera, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Cs. Sociales, expresó que las acciones se han intensificado con el veto pero que vienen dándose desde marzo por la crítica situación que atraviesan; llevando el conflicto al punto más álgido: “La toma de facultades no es un acto en contra de la educación, sino un intento de visibilizar lo que sucede con nuestros docentes y el financiamiento que necesitan las universidades”, afirmó. Olivera destacó que en el caso de la UBA “decidimos tomar distintas sedes para decirle a los diputados que los estábamos mirando”, en un claro llamado a la responsabilidad de los legisladores.
Foto Agostina Olivera
Por su parte, Sol Verónica Gui, también de la UBA, advirtió que “la universidad ya no puede seguir funcionando con el financiamiento actual”. Resaltó que el cese de actividades refleja una crisis de representación en el Congreso, donde los diputados “se dieron vuelta” tras haber aprobado la ley semanas antes. Sostiene que el 85% de los docentes y no docentes en las universidades nacionales viven por debajo de la línea de pobreza, por lo que no van a abandonar el reclamo por un cambio urgente en la decisión del Gobierno.
Desde el centro del conflicto, Agostina Olivera también subrayó el impacto que tendría una eventual aprobación del Presupuesto 2025: “Estamos hablando de un presupuesto que es el 50% menos de lo que necesitamos para funcionar”, apuntó. Según Olivera, el 91% del presupuesto universitario está congelado desde diciembre del año pasado, lo que agrava la situación. “La vida cotidiana de la universidad está interrumpida. Necesitamos que se entienda que la universidad está hecha por su comunidad educativa, no son edificios vacíos”, añadió.
Los movimientos estudiantiles han encontrado un fuerte apoyo en toda la comunidad. La situación se vuelve más compleja al considerar que, a nivel nacional, las asambleas y tomas se extienden. Con distintas medidas de fuerza, las universidades discuten el futuro del conflicto.
Desde la UNLaM Barberis comentó: “La diversidad social en nuestra universidad es enriquecedora, pero la precariedad en la que trabajan muchos docentes es alarmante. Esto no puede seguir así”.
En el contexto político actual, desde adentro de las universidades, no solo apuntan al presidente si no también a los legisladores. “Va a ser muy difícil seguir estos cuatro años con un Congreso que traiciona permanentemente la voluntad popular”, advirtió Gui. Esta afirmación resuena entre los estudiantes, quienes sienten que sus necesidades y preocupaciones son ignoradas por los distintos representantes.
Foto Sofía Ziccardi
La reciente movilización de estudiantes y docentes se traduce en la importancia de que la comunidad educativa esté unida y confían en ello como un respaldo para lo que se viene: “La movilización del 23 de abril y del 2 de octubre no hubiese sido posible sin una amplia adhesión a la institución y a la necesidad de transformarla y mejorarla”, afirman.
“Si bien no se consiguió el rechazo al veto, no es una batalla que se va a dejar. Estamos aún más fuertes que antes y vamos a hacer absolutamente todo por defender nuestra universidad” dice Sofía Ziccardi, consejera estudiantil.
Para los convocados, la atención no solo está centrada en la caída de la ley si no en el presupuesto para el próximo año, aseguran que van a presionar por cambios significativos que garanticen no solo el funcionamiento de las universidades sino la recomposición salarial del personal, adelantan que van a convocarse para las próximas jornadas de debate sobre el Presupuesto 2025 que tendrán lugar en el Congreso.
A medida que la crisis del financiamiento universitario se profundiza y las posiciones de los estudiantes y docentes se vuelven cada vez más radicales, la posibilidad de un conflicto prolongado parece inminente. Sin una respuesta favorable por parte del Gobierno y el Congreso, las medidas de fuerza, como tomas y paros, podrían intensificarse, reflejando la creciente desesperación de una comunidad educativa que siente que su futuro está en juego. La respuesta del oficialismo ante estas demandas, por el momento, es no hacer ningún tipo de concesiones.
