El Gobierno eliminó la disposición que establecía la paridad de género en empresas y asociaciones civiles. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 13/2024 firmada por la Inspección General de Justicia a cargo de Daniel Roque Vítolo.
En consecuencia, las compañías y asociaciones cíviles ya no se verán obligadas a conformar sus equipos con hombres y mujeres.
Día de la Mujer: cuáles son las convocatorias para el paro feminista del 8M
¿Qué establecía la normativa que se derogó? «Las asociaciones civiles en proceso de constitución; las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el registro voluntario; las sociedades anónimas que se constituyan; las fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva y las Sociedades del Estado deberán incluir en su órgano de administración, y en su caso en el órgano de fiscalización, una conformación que respete la diversidad de género, estableciendo una composición de los órganos referidos para que estén integrados por la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos».
Pero Vítolo, mediante su cuenta de la red social X, indicó que «la obligación de tener hombres y mujeres en igual número en personas jurídicas creadas por particulares había sido invalidada por la Justicia tanto en el fuero Comercial y en el Contencioso Administrativo Federal, por sentencias firmes donde los camaristas señalaron que la IGJ había invadido facultades del Congreso».
Igualdad de género en la industria y la producción: una agenda que no se detiene
En ese sentido, afirmó que «no es facultad del Poder Ejecutivo decirle a los particulares cómo deben constituir los órganos de las personas jurídicas que constituyen, cuando tienen la libertad que para ello les asigna la Constitución nacional» y remarcó que «igualdad de oportunidades y de acceso no es sinónimo de que el estado le diga a las personas quiénes deben dirigirlas en su actividad privada».
«La IGJ durante el gobierno anterior interpuso recursos extraordinarios ante la Corte para defender su posición y esos recursos fueron denegados, con lo que las sentencias que declararon la nulidad están hoy vigentes», subrayó y cerró: «La decisión de IGJ de respetar los fallos judiciales es una muestra clara de respeto a la institucionalidad».
Igualdad de oportunidades y de acceso no es sinónimo de que el estado le diga a las personas quiénes deben dirigirlas en su actividad privada.
— Daniel R. Vítolo (@VitoloDerecho) April 11, 2024
