El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) y el Gobierno de Panamá, a través de la Fiscalía General de Cuentas, suscribieron un acuerdo para potenciar la lucha contra la corrupción a lo largo de toda la región.
En ese marco, la senadora argentina Silvia Giacoppo, presidenta del Parlatino, aseguró que «la corrupción le cuesta a América Latina y el Caribe unos US$ 220.000 millones al año», según datos del Banco de Desarrollo de América Latina, cifra equivalente a todo el PIB de Perú o a las reservas internacionales de Alemania.
Por parte del organismo panameño, quien firmó el convenio fue la fiscal Waleska Hormechea. La funcionaria, en compañía del representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) ante Panamá, Rubén Farje, le presentó también a Giacoppo un borrador de proyecto de ley modelo para prevención de la corrupción.
El Parlatino acordó con la Fiscalía General de Cuentas de Panamá para avanzar en planes contra la corrupción
La legisladora argentina se refirió además “al último informe de Transparencia Internacional del año 2021”, en el se señala que “los países de América Latina y el Caribe están paralizados en la lucha contra la corrupción”. En efecto, la puntuación media de 43 puntos sobre 100 por tercer año consecutivo para la región muestra un estancamiento. “No sólo ha socavado la democracia y los derechos humanos, sino que ha profundizado también los índices de pobreza y desigualdad”.
Sin embargo, remarcó que esto no debe ser naturalizado, ni tampoco generalizado. “No debemos estigmatizar a nuestra región. Ningún país -rico o pobre- es inmune a ese fenómeno maligno. Y tanto el sector público como el privado resultan afectados”, consideró.
Finalmente, enfatizó que la corrupción golpea particularmente a los pueblos pobres de los países en vías de desarrollo, ya que desvía los recursos que deberían ser utilizados por los Estados para mejorar la calidad de vida, satisfaciendo “necesidades fundamentales como la alimentación, salud y educación”.
