La Cámara de Diputados aprobó este martes la Ley Ómnibus, incluidos los dos capítulos que incluyen la privatización de empresas estatales y la posible eliminación o intervención de organismos públicos.
Por un lado, el capítulo que incluye la reforma del Estado obtuvo 135 positivos, 116 negativos y 2 abstenciones. El mismo establece como bases de las facultades delegadas “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad”; “reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”; y “asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública nacional”.
Dentro de las facultades, el Poder Ejecutivo podrá disponer “la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario”, como también la “la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Esto alcanza a los organismos descentralizados, empresas y sociedades mencionadas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley N° 24.156. Hay algunos que quedaron excluidos para su protección, como las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan.
Los que pueden verse afectados por esta normativa son el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y el Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otros.
Por otro lado, el presidente Javier Milei no podrá disponer la disolución del CONICET, el INCAA, la ANMAT, el Instituto Malbrán (ANLIS), el INCUCAI, el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF), y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Sin embargo, sí podrá intervenirlos por el plazo de un año.
Por otro lado, los diputados también dieron el visto bueno al capítulo de privatizaciones, con 138 positivos, 111 negativos y 2 abstenciones.
El mismo permite al Poder Ejecutivo avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas S.A.; Energía Argentina S.A.; Radio y Televisión Argentina S.E.; e Intercargo Sau. También en la privatización o concesión de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; Correo Oficial de la República Argentina S.A.; Belgrano Cargas y Logística S.A.; Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (Sofse); y Corredores Viales S.A.
También declara “sujeta a privatización” a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). En estas solamente podrán “organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin” e “incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”.
