Tras recibir los reclamos de gobernadores, diputados y distintos sectores, el gobierno envió el nuevo proyecto de la Ley Ómnibus que incluye una serie de modificaciones, con el objetivo de alcanzar el dictamen en comisiones en la Cámara de Diputados.
Según el documento, esta nueva versión cuenta con la eliminación de más de 100 artículos, pasando de los 664 originales a 523. Además, señalaron que “se ha elegido derivar algunos temas para una discusión más extensa en sesiones ordinarias” y otros “se han reformulado”.
El gobierno destacó el debate que se dio en torno a este proyecto: “Es sano exponer los privilegios de unos pocos, es sano mover nuestro marco normativo hacia adelante modificando cosas que el tiempo había enquistado. También es sano escuchar, corregir, aprender. Todo esto y mucho más ocurrió durante este debate”.
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Sin embargo, manifestaron su “sorpresa” por algunos puntos que serán debatidos en sesiones ordinarias. Entre ellos mencionaron el juicio por jurados, ya que era una iniciativa que contaba “con apoyo de todos los bloques” y esperaba que “se hubiera celebrado que estas ideas fueran incluidas en el proyecto de Bases”.
Además, se debatirán desde el 1° de marzo otros temas como salud mental, los cambios en la ley de sociedades, la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad, parte de la reforma electoral como la eliminación de las PASO, y la mitad de los temas que afectaban al Código Civil y Comercial.
“El resultado es un proyecto que incorpora gran parte del debate público, pero que mantiene las bases fundamentales de ampliación de libertades, libertad económica, reorganización administrativa, equilibrio presupuestario, desregulación económica, fortalecimiento de la educación y la cultura, seguridad y finalmente, mejora en el funcionamiento de la justicia”, expresaron.
LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN LA LEY ÓMNIBUS
En relación a los puntos que siguen en la Ley Ómnibus, resaltaron que se modificó el plazo de las delegaciones para el Poder Ejecutivo: será por un año, con la posibilidad de prorrogar por un año con aprobación del Congreso, y se eliminó la emergencia en materia social y de defensa.
En el apartado de privatizaciones, finalmente se eliminó a YPF del listado y se estableció que Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT solo podrán ser privatizadas de forma “parcial”, manteniendo el control de la empresa por parte del Estado. Además, se incorporó la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones “para el seguimiento de los trámites respectivos”; y se eliminó el artículo 11, por lo que el Estado mantiene la obligación de “tener una acción con derecho a veto para las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”.
Por otro lado, se incluyó a los empleados públicos en las limitaciones a la actividad política y “se determinó un mecanismo sancionatorio ante el incumplimiento de tales prohibiciones”.
Con respecto a jubilaciones, advirtieron que se continuará con la fórmula actual de ajuste trimestral hasta marzo, y que a partir de abril entrará en vigencia la nueva fórmula con una “actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC”. También eliminaron las jubilaciones de privilegio vitalicias para presidente y vicepresidente para “poner fin a un privilegio de la casta”.
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Sobre el blanqueo, la modificación quedó de la siguiente forma: 1) Se establece que los sujetos no residentes que adhieran al presente Régimen de Regulación de Activos no podrán declarar bienes que se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre de terceros; 2) Se incorpora como sujetos excluidos a los funcionarios que se hayan desempeñado en el rol en los últimos 5 años; 3) Se excluye a los agentes de retención con procesamiento firme; 4) Se define que lo producido del Impuesto Especial de Regularización se destinará a la capitalización del Banco Central de la República Argentina.
En torno a impuestos, en Bienes Personales se estableció un beneficio para sujetos cumplidores y se eliminó el artículo 187. Además, las economías regionales tendrán 0% de retenciones por derechos de exportación, y se eliminó la facultad del Poder Ejecutivo de poder subirlos. En ese sentido, “se reformularon los regímenes de pesca, hidrocarburos y biocombustibles”, tres puntos que fueron cuestionados incluso por gobernadores.
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Dentro del apartado de seguridad, se quitó el polémico artículo 331 “para evitar interpretaciones incorrectas sobre el corte”. El mismo señalaba que se iba a considerar como manifestación a “la congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”.
El gobierno admitió que “se corrigieron errores en el capítulo de ambiente que desafortunadamente generaron una evitable confusión”. Entre ellos, se eliminó el artículo 497 que modificaba la ley de quema; la modificación al artículo 26 de la ley de bosques ante los reclamos por afectar la protección de bosques en zona roja y amarilla; se incorporó un artículo garantizando los recursos para el Fondo de Bosques; se aclaró que en la ley de glaciares cuáles son las actividades prohibidas en la zona periglaciar; y la derogación de la ley 27.604 que modificaba la ley de Manejo del Fuego.
En el apartado de educación, habrá mejoras “en los artículos referidos a evaluación para vincular los dispositivos propuestos con la toma de decisiones participativa y orientada a la mejora continua de los aprendizajes, de las instituciones y de los docentes”; se regula “con mayor especificidad” la educación híbrida y la educación a distancia; se “enriquecen los criterios para distribuir el financiamiento a las universidades nacionales”; y se introdujo un artículo para que la educación secundaria técnica “pueda tener la misma duración que los secundarios orientados o hasta un año más”.
Sobre la cultura, se aceptó el reclamo de actores y personalidades de las artes audiovisuales para mantener el INCAA, que seguirá recibiendo una asignación de recursos. Además, no se eliminará el Fondo Nacional de las Artes (FNA) pero “se exploran mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística”, motivo por el cual los directores deberán ser ad-honorem y los gastos administrativos no pueden representar más del 20% de sus ingresos.
“Habiendo receptado estas propuestas queda en el Congreso asumir la responsabilidad de avanzar con los cambios que necesita Argentina para salir de su estado de postración”, consignaron desde el gobierno.
