Tal como estaba previsto, en la ciudad de La Plata se llevó a cabo una nueva reunión de la llamada Liga de Gobernadores, que reúne a 16 mandatarios provinciales de filiación peronista y que se ha consolidado como una de los pilares que sostiene la gestión de Alberto Fernández.
En esta oportunidad fueron 12 los gobernadores recibidos por el anfitrión bonaerense, Axel Kicillof, para realizar un análisis y manifestar su postura sobre las medidas anunciadas por Sergio Massa como “superministro” de Economía.
En el marco del encuentro, matizado con un asado, firmaron un documento en el que se enumeran las seis exigencias que las provincias consideran centrales para garantizar el funcionamiento federal de las medidas, la gobernabilidad y también la competitividad de cara a 2023.
Las 13 provincias que suscribieron ese “petitorio” fueron Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Tucumán, Santa Cruz, Santiago Del Estero, San Juan, San Luis y Tierra del Fuego. «El futuro se presentará promisorio si somos capaces de transformar las restricciones del presente en oportunidades para todos y todas. Unidad nacional, federalismo real y desarrollo económico con justicia social son los principios que nos unen», aseguran en el documento.
SEIS PREOCUPACIONES
La primera de ellas tiene que ver con el inicio de las negociaciones para el diseño y la aprobación del Presupuesto 2023 (vale recordar que el Congreso no le aprobó a Guzmán el de 2022). Los gobernadores quieren participar de la discusión, y lo manifestaron solicitando “un amplio consenso para obtener la sanción”. Y quieren lograrlo con “criterio federal e inclusivo, a los efectos de evitar que la Ley Fundamental de la Nación sea objeto, una vez más, de disputas sectoriales ni especulaciones electorales».
En ese mismo sentido, exigen que se les garantice la continuidad de las obras públicas y el sostenimiento de los puestos de trabajo, tras los anuncios de ajuste fiscal de Massa. Este aspecto es central para las provincias, y especialmente para los mandatarios de cara a un año electoral.
El tercer punto es más bien un mensaje de apoyo a Massa y Alberto Fernández respecto al anunciado plan para transformar planes sociales en “trabajo genuino”. Sin embargo, piden una mayor coordinación para su implementación territorial.
Los tres puntos restantes están vinculados a la inflación y al impacto en los salarios. El primero y más urgente tiene que ver con los alimentos: quieren fomentar «la producción de alimentos de buena calidad y precios accesibles», a través de una coordinación entre Nación, provincias y municipios, y redes de proveedores locales, que les permitan competir con los “formadores de precios”.
Otra gran preocupación pasa por los precios de los medicamentos y, en ese aspecto, proponen lanzar una “red federal de laboratorios públicos y proveedores locales”, que les permita controlar los aumentos de tarifa y garantizar la provisión de insumos y genéricos.
Y finalmente, el tema más candente en la discusión dentro del Frente de Todos: las tarifas energéticas. Sin meterse en los detalles, pidieron «proteger el ingreso de las familias mediante políticas tarifarias que contemplen principios esenciales de equidad y accesibilidad, en el sentido de preservar la estructura de ingresos y consumos». La única salvedad que hicieron fue la necesidad de establecer una discriminación por regiones y “resolver las asimetrías en materia de subsidios”.
