“Denlo por retirado”. Con esas palabras, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, les informó a los diputados del plenario que analiza la Ley Ómnibus en sesiones extraordinarias, que el Gobierno decidió dar marcha atrás con el polémico artículo que disponía la obligatoriedad de informar a las autoridades cuando se realizaran reuniones de tres o más personas.
La medida se enmarcaba en el protocolo antipiquetes que la funcionaria había puesto en prácticas apenas asumió y fue incluida en el megaproyecto. Fue sumamente criticada por todo el arco político (excepto en oficialismo, desde luego) porque podría entenderse como “un estado de sitio de hecho”.
El pedido de Bullrich a las organizaciones: «Tratemos de que no haya una marcha por día»
Este miércoles la ministra se presentó ante el plenario legislativo para explicar los alcances de la Ley Ómnibus y responder a las preguntas de los diputados de las comisiones participantes. Y a modo de introducción hizo el anuncio, al que llamó “aclaración”.
“Ese artículo se prestó a confusión y por eso lo vamos a estar retirando. Denlo por retirado”, les dijo, y explicó que la idea era controlar la cantidad desmedida de piquetes y movilizaciones que se habían producido durante el Gobierno anterior pero que, en definitiva, la realidad demuestra que “no es importante el número de personas, porque puede cortar una, cinco o quince; por eso decidimos sacarlo, para que no genere confusiones”.
Aunque lo minimizó, la funcionaria admitió que la norma «está mal redactada» y sugirió que, de todos modos, no tendría efectividad en la práctica.
Finalmente, sobre este punto, Bullrich señaló que en Argentina se desarrollan unos 8.000 piquetes por año, lo cual tiene un fuerte impacto económico en las economías de las principales ciudades, que es donde se concentran estas medidas de fuerza.
