Aunque los líderes de la CGT se han cansado de repetir en los medios que “no se trata de una marcha contra el Gobierno”, lo cierto es que la movilización de la principal central gremial de la Argentina se enmarca en una discusión que parece formar parte de la interna de la coalición gobernante.
La marcha, explicaron los dirigentes sindicales, es en contra de los “especuladores” y los “formadores de precios” que, de acuerdo a su visión, son quienes generan el clima inflacionario que provoca incertidumbre y, sobre todo, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, a pesar de las recientes paritarias.
En promedio, durante abril y mayo los sindicatos lograron aumentos del 60% para este año. Pero los datos del IPC verificados desde entonces dejan obsoletos esos reajustes, dado que ya se proyecta una inflación base del 80% para el cierre de 2022 (algunas consultoras ya hablan del 90% o incluso del 100%). Y esto abrió un nuevo escenario de discusión paritaria, ya admitido por el Ejecutivo.
Desde el anuncio de la marcha, en julio, hasta hoy, se produjo la asunción de Sergio Massa como “superministro” de Economía, tomando el control de prácticamente todas las áreas vinculadas: Producción, Agricultura, Energía, el Indec, el Banco Nación. Pero hay dos que continúan en manos del albertismo: el Banco Central, con Miguel Pesce al frente; y el Ministerio de Trabajo, encabezado por Claudio Moroni.
Moroni había puesto su renuncia a disposición del mandatario para la conformación del nuevo Gabinete, pero logró mantenerse en el cargo gracias a un fuerte respaldo de la CGT.
Una semana después de su mediática asunción, Massa anunció su primer paquete de medidas, y entre ellas enumeró la implementación de un bono compensatorio destinado a los trabajadores formales, aunque no se dieron mayores detalles. Esa medida no fue bien recibida por la central obrera.
Uno de sus titulares, Héctor Daer, lo explicó así: “Nadie está en contra de un bono porque es verdad que la afección de la inflación es grande y ataca el mes a mes. No nos oponemos, sí reclamamos que la recomposición del salario se haga por vía de las paritarias”.
Según lo señala la publicación especializada Mundo Gremial, la postura de Daer es conciliatoria, porque la realidad es que la actualización de los salarios mediante un bono por decreto abrió aguas en el Gobierno e incluso en la interna de la CGT. Pablo Moyano avala el bono, mientras que Carlos Acuña defiende el avance de paritarias, explicando que un bono le quita poder de negociación a los gremios.
¿Y Moroni? Al momento de esta publicación, el ministro de Trabajo no se había pronunciado respecto al paro. De hecho, hace días que mantiene un perfil sumamente bajo. Hace una semana, tras la primera reunión de Gabinete con Massa, Moroni se limitó a informar que se estaba trabajando en un bono, pero tampoco hizo una defensa enfática.
Aunque públicamente buscó reflejar las dos posiciones dentro de la CGT -que también representa la discusión en el Frente de Todos-, Daer explicó que la aceptación de un bono es riesgoso y podría potenciar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, especialmente los más altos. “Las sumas fijas no respetan ni la amplitud de categoría y achatan todos los convenios colectivos; y si bien puede recuperar para algún sector poder adquisitivo, a la mayoría de la escala salarial no se lo permite , y eso va en contra de lo que plantemos como un proceso de recuperación económica”.
En ese sentido, la marcha puede leerse como una demostración de fuerza. “Es el momento de plantarse y decir cómo salimos los argentinos de esta situación crítica. La CGT tiene la capacidad suficiente como para interpelar a todos los actores de la sociedad para encontrar una salida”, había asegurado Daer en julio.
En ese aspecto, la movilización a pesar del cambio de gestión económica busca marcarle la cancha a Massa y a un sector del Gobierno ya volcado a una agenda ortodoxa. Por caso, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, planteó que un aumento salarial por decreto «no tiene que estar atado ni condicionado a ninguna discusión paritaria», porque significaría «una intromisión» y generaría «un problema» para los sindicatos.
«No estamos de acuerdo con que se dé algún incremento por decreto que tenga una cláusula de absorción sobre la paritaria que nosotros discutimos. Si el Gobierno tiene pensado dar algún incremento por decreto, que lo haga en función de recuperar el salario real y que no esté atado ni condicionado a ninguna discusión paritaria», añadió.
En las últimas horas, trascendió que Alberto Fernández y Moroni trabajan en una presunta “respuesta” a la marcha de la CGT, a través de una “batería de medidas”. Una de ellas sería la puesta en marcha por decreto del tan discutido plan para transformar en trabajo los planes sociales; y otra, la convocatoria al Consejo del Salario para definir un nuevo piso para el ingreso de trabajadores formales. Por el momento, nada se dijo respecto al principal reclamo expresado, que es la lucha contra «los especuladores».
