Un grupo conformado por más de 1.500 personalidades de personalidades de la cultura, la ciencia, la política y el sindicalismo se manifestaron en contra del DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus de Javier Milei.
A través de un comunicado, que incluye la firma de todos los adherentes, cuestionaron las medidas tomadas que el gobierno “impuso arbitrariamente” y “atentan contra el pueblo en su conjunto”.
Por un lado, criticaron la “mega devaluación del 118% que provocó la duplicación de la tasa de inflación y un aumento sin precedentes del costo de vida en tan breve lapso que se expresa en subas del 82% en combustibles, un 70% en varios productos de la canasta básica y que en breve se expresarán en mayores aumentos sobre las tarifas de luz, gas, telecomunicaciones, prepagas, cuotas escolares, etc”.
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Además, remarcaron que el DNU “impone ilegal e ilegítimamente reformas de naturaleza legislativa en función de los intereses de un conjunto de corporaciones y en perjuicio del pueblo en su conjunto”
También hicieron foto en el “protocolo autoritario de restricción de la libertad de reunión, asociación y manifestación que avanza sobre las facultades del poder legislativo y judicial a la hora de establecer conductas jurídicamente reprochables, resolver casos y fijar penas, permitiendo el accionar arbitrario del Estado que primero actuará sobre los sectores más vulnerables para luego atacar toda disidencia social, cultural o política”.
“Consecuentemente, las tres medidas fueron elaboradas por ex funcionarios de la frustrada administración macrista y del gobierno fallido de Fernando De La Rúa, como Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Patricia Bullrich quienes, al igual que varios otros representantes del ejecutivo actual, de manera directa o a través de la defensa de los intereses de corporaciones privadas, ya participaron de otras experiencias de gobierno que fueron en contra de los intereses populares”, expresaron.
Las personalidades firmantes señalaron que “en ese contexto de prepotencia institucional y crueldad social, el poder ejecutivo pretende aprobar un proyecto de ley de casi mil artículos que encubren una reforma constitucional de facto”.
“La aprobación de este proyecto sería la culminación de un desguace del Estado social de derecho que, bajo la excusa de su mal funcionamiento actual, se pretende destruir en vez de reparar”, enfatizaron.
En el comunicado, rechazaron la flexibilización laboral, flexibilización impositiva y flexibilización de las normas ambientales, las cuales consideran ponen “al país con el hocico para abajo” para “poder extraer a costa del salario de los trabajadores, de los ingresos del Estado y nuestros recursos naturales y estratégicos”.
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“El oficialismo ha bloqueado los mecanismos de compensación del drástico recorte en jubilaciones, salarios del sector público, privado y popular, políticas alimentarias y asistenciales básicas para los sectores más empobrecidos. Tampoco ha permitido tratar en el Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia, buscando que su vigencia se sostenga a perpetuidad sin que los representantes legislativos del pueblo se pronuncien al respecto”, cuestionaron.
En ese sentido, pidieron la derogación del DNU 70/2023 y de la Ley Ómnibus “en su conjunto”; como también la “anulación de cualquier medida que atente contra los derechos y libertades democráticas” y la “compensación de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos sociales mediante los mecanismos adecuados a cada sector (indexaciones, paritarias, políticas sociales)”.
“El Presidente de la Nación debe gobernar de acuerdo a las atribuciones que le da la Constitución y el contenido programático de la misma. Mal que le pese al grupo político-empresario que gobierna el país, nuestra Constitución Nacional establece en su artículo 14 derechos civiles, en su artículo 14 bis derechos sociales, en su artículo 41 derechos ambientales y prohíbe taxativamente conceder al Poder Ejecutivo ‘facultades extraordinarias, ni la suma del poder público’, en su artículo 29 calificando semejante delegación como actos que ‘llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria’”, arremetieron.
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Entre los firmantes, se encuentran el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el dirigente social Juan Grabois; el diputado Máximo Kirchner; el excanciller Santiago Cafiero; el exsenador Eduardo “Wado” de Pedro; el exministro de Economía, Martín Guzmán; el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni; y los dirigentes sindicales Pablo Moyano (CGT), Hugo Yasky (CTA) y Hugo Godoy (CTA Autónoma).
Del mundo del arte, firmaron Peteco Carabajal, Rita Cortese, Teresa Parodi, Alejandro Dolina, Ana María Picchio, Carlos Belloso, Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Esteban Lamothe, Gustavo Garzón y Felipe Pigna, entre muchos otros.