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Menos empleo y más ahorro fiscal: así fue el impacto de la “motosierra” en el sector público
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Menos empleo y más ahorro fiscal: así fue el impacto de la “motosierra” en el sector público

En el primer año de gestión del presidente Javier Milei, el gobierno nacional llevó adelante un profundo recorte del empleo público. De acuerdo con el informe difundido por la Unidad de Evaluación de Impacto del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 se eliminaron 37.595 puestos de trabajo en el sector público. Esta cifra representa una disminución del 7,5% en el personal del Estado, con un impacto significativo en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas estatales.

El informe detalla que la mayor reducción de personal se produjo en la APN, donde la caída alcanzó el 10,8%. Por su parte, las empresas estatales sufrieron una disminución del 13,6%.

Según el documento, la aplicación de estas medidas generó un ahorro total estimado de 4.412 millones de dólares.

El gobierno justificó estos recortes como parte de su plan de ajuste fiscal y reducción del gasto público. En reiteradas ocasiones, el presidente Milei se ha referido a su estrategia de «motosierra» como una herramienta indispensable para sanear las cuentas del Estado y mejorar la eficiencia de la administración.

«La reducción del empleo público responde a una necesidad de optimización de recursos y al compromiso con una gestión austera», afirman desde el Ejecutivo.

Según el documento, la reducción de personal en la APN se produjo a través de distintas modalidades de contratación. La caída en la plantilla de empleados de planta permanente y transitoria fue del 4,8%. Sin embargo, los mayores recortes se registraron en los contratos regidos por la Ley Marco (Ley 25.164), que disminuyeron un 18,3%, y en los contratos LOYS (monotributistas bajo el Decreto 1109/17), que se redujeron en un 54,9%.

El análisis económico del informe explica que el ahorro total a largo plazo fue calculado en base al salario promedio ponderado de diciembre de 2024, utilizando datos del Informe Trimestral de Ocupación y Salarios. Para ello, se consideró la participación de los empleados en cada rango salarial y se estimó el ahorro futuro de los salarios que ya no serán abonados. Además, se aplicó una tasa de descuento del 10% para determinar el valor actual de dichos ahorros.

El desglose del ahorro total revela que la mayor parte provino de la reducción de contratos bajo la Ley Marco, que representaron un ahorro de 2.118 millones de dólares. En el caso de la modalidad de empleo permanente y transitorio, la cifra alcanzó los 1.533 millones de dólares, mientras que los contratos LOYS generaron un ahorro de 761 millones de dólares.

«Esta medida demuestra el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación para cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública» sostienen desde el ministerio de Desregulación.

Las medidas adoptadas por el Ejecutivo han generado reacciones diversas. Mientras que algunos sectores económicos y analistas celebran la reducción del gasto público como un paso necesario para equilibrar las cuentas fiscales, otros advierten sobre el impacto social y económico de la disminución del empleo estatal.

«Es cierto que la reducción del gasto es importante, pero también hay que evaluar el efecto que tiene sobre indicadores económicos como empleo y consumo», señaló un economista consultado por este medio.

Desde los gremios estatales, la respuesta ha sido crítica. Sindicatos de trabajadores del sector público han manifestado su preocupación por el impacto de estos despidos y han advertido sobre la posibilidad de medidas de fuerza. «Detrás de cada número hay familias que se quedan sin ingresos y que enfrentan un futuro incierto», expresó un representante sindical.

El gobierno, por su parte, sostiene que estas medidas son indispensables para lograr una administración eficiente y sostenible.

En este contexto, el debate sobre la «motosierra» continúa abierto. Mientras el Ejecutivo defiende su estrategia como un camino necesario hacia la consagración de la estabilización económica, sectores opositores y organizaciones sindicales alertan sobre los efectos sociales de los recortes.

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