Por Gabriel Michi
El flamante presidente lanzó un DNU que embiste contra cientos de leyes y avasalla al Congreso. Después envió un proyecto de ley ómnibus que cambia de raíz gran parte del andamiaje que regula la vida de los argentinos. ¿Una bomba de tiempo?
A todo o nada. Ese es el juego que planteó Javier Milei en los inicios de su gobierno. Marcando la cancha. Y mostrando los dientes como león enfurecido. En apenas tres semanas pateó el tablero político y lo hizo sin medias tintas. Primero nombró un gabinete muy sui generis, con algunos soldados propios y otros prestados. Incluso abdujo a la fórmula presidencial con la que compitió por el voto opositor. La segunda jugada fue emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia que pretende voltear de un saque más de 360 leyes, dejando en offside al Parlamento. El tercer movimiento fue enviar un proyecto de Ley Ómnibus al Congreso donde pone patas para arriba gran parte de las normas que rigen en la Argentina. Así. A todo o nada. Como un león enfurecido.
Si bien por ahora no apareció ni la dolarización ni la destrucción del Banco Central, sí emergieron muchos elementos totalmente disruptivos. La aspiración “libertaria” emana omnipresente en cada aspecto de sus planteos. Una concepción que también puede significar una mayor concentración del poder en pocas manos y la imposición de un puñado de fuertes sobre el resto de una sociedad que se volverá aún más vulnerable. Por lo menos esa es la mirada que tienen sus críticos a la hora de analizar sus anuncios que llegan con una “necesidad” y “urgencia” decretado tanto en lo político como en lo económico.
“Hay que pasar el verano”, parece leerse en el dorso de sus anuncios. Una batería infernal de medidas que apuntan a un ajuste sin precedentes en la historia argentina. Un repertorio a todo o nada.
EL DNU DE LA POLÉMICA
Milei hizo el anuncio del polémico DNU rodeado por su gabinete y funcionarios de su máxima confianza y por cadena nacional. Fue bajo el pomposo título “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” que sacudió el tablero político. Allí se declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″. Y en forma categórica intenta derrumbar de un zarpazo más de 360 leyes vigentes en el país, a través de un decreto.
Ni bien se conocieron los alcances del DNU, las repercusiones no tardaron en llegar. Desde casi todo el arco político (incluso algunos circunstanciales aliados) pusieron el grito en el cielo por la presunta “inconstitucionalidad” del mismo ya que avasalla mucha de la legislación sancionada por el Congreso tras largos y trabajosos debates llevados adelante por años. Incluso casi todos los más importantes abogados constitucionalistas del país –entre ellos los más liberales- plantearon la ilegalidad de este instrumento. El tema se judicializó a tal punto que en pocos días ya se habían presentado decenas de amparos para frenarlo. Y la Justicia habilitó su tratamiento.
En el medio, las voces se alzaron también en el Congreso Nacional donde sienten que Javier Milei les está dando la espalda –ya no sólo en lo simbólico como fue en la ceremonia de asunción- a los representantes parlamentarios. Ahora una comisión bicameral integrada por 16 legisladores (8 diputados y 8 senadores) deberá resolver sobre la validez o no del DNU. Pero los tiempos legislativos parecen ser aún más lentos que incluso los de la Justicia, por lo menos en este escenario y con la impronta que obliga una medida cautelar. “Milei se está llevando puesto al Congreso” es la frase que más se escucha. Su jugada es a todo o nada.
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El DNU deja sin efecto un conglomerado gigantesco de normativas como la Ley de Promoción Comercial; la Ley de Góndolas; la Ley de Abastecimiento; la ley que creó el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios; la Ley de Alquileres; entre muchas más. A la vez que deja el campo allanado para que las empresas públicas sean convertidas en Sociedades Anónimas y plausibles de ser vendidas y privatizadas.
En el plexo del DNU se avanza también en profundas reformas laborales: reducción de indemnizaciones, declaraciones de servicios esenciales en amplios sectores para evitar las huelgas, aumentar los períodos de prueba de 3 a 8 meses, indulgentes perdones a las empresas que incumplieron con todas sus responsabilidades y hasta se penaliza las asambleas de los trabajadores si obstaculizan las tareas productivas, entre muchas otras.
Y se flexibilizan y liberalizan áreas de todo tipo como la energética, aeoronáutica, salud privada (los aportes de los afiliados a las prepagas ya no tendrán que pasar por las obras sociales sindicales), medios de comunicación (no habrá límites en la cantidad y multiplicidad de licencias) e Internet satelital (en la que incluso el propio Milei le puso nombre propio cuando en la cadena nacional señalo que se hacían “para permitir el ingreso de empresas como Starlink”, propiedad de Elon Musk), turismo, Registros del Automotor, entre muchas más. Así el megadecreto se mete en casi todas las actividades económicas del país, derribando leyes e imponiendo sólo una: la del mercado. A todo o nada.
UN ÓMNIBUS DE FRENTE
Como si fuera poco lo que significó el DNU de la polémica, horas después el gobierno envió al Congreso un mega proyecto de Ley en el que, entre otras cosas, limita al Poder Legislativo y le otorga atribuciones extraordinarias al Ejecutivo al declararse la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025” y que podría extenderse otros dos años, es decir, hasta el fin del mandato de Javier Milei. La denominada «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos cuenta con 664 artículos y se mete con reformas en todos esos ítems y muchos más.
“Es una reforma constitucional encubierta, sin estatuyentes ni Convención, y sin otra voluntad que la del monarca”, ironiza un legislador que conoce mucho de los debates parlamentarios.
Si bien muchos gobiernos en la Argentina presentaron sus propias leyes ómnibus al comienzo de su gestión (Carlos Menem en 1989, Mauricio Macri en 2016 o Alberto Fernández en 2019) ninguno tuvo los alcances “revolucionarios” de la propuesta por el flamante presidente. Ninguno fue tan a todo o nada como Javier Milei.
Javier Milei
En este caso la normativa, por ejemplo, avanza sobre la posibilidad de privatización de 41 empresas del Estado como el Banco Nación, YPF, Aysa, Aerolíneas Argentinas y los medios bajo su órbita: TV Pública, Radio Nacional, Télam, entre otros.
Además se establecen sanciones de prisión para los organizadores de protestas que corten calles o rutas u obstaculicen el espacio público. Y se va más allá: se pretende prohibir las reuniones de tres o más personas en la calle, como si rigiera el Estado de Sitio, algo que horas después de anunciarse fue relativizado por referentes de LLA frente al escándalo que se disparó.
A ese cuadro se suman algunos aspectos que siempre generan polémica en materia de inseguridad. Por ejemplo la modificación de la ley de “legítima defensa” (haciéndola mucho más extensiva) y plantea alicientes para policías que maten a un delincuente en esas circunstancias: “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”, señala, a la vez que impide que los familiares del abatido le hagan juicio al ejecutor.
En materia previsional se elimina la “movilidad jubilatoria” que otorga los aumentos a los jubilados y pensionados con una fórmula específica. Y los próximos incrementos para el sector serán establecidos por el Poder Ejecutivo. A su vez se plantea pasar los recursos del Fondo de Sustentabilidad (que actúa como una garantía para que haya recursos para pagar esos haberes) al Tesoro Nacional.
En el plano electoral, se propone eliminar las PASO e ir a un sistema de boleta única. Y pretenden la eliminación de las listas sábanas estableciendo un sistema de elección de diputados nacionales con base en circunscripciones uninominales, algo que cambiaría por completo la forma de representación legislativa y que llevaría a que provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe aumenten su presencia en el Congreso en detrimento de las más chicas.
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Y en cuanto al tema educativo, se establece que los alumnos de la secundaria deberán rendir un examen integrador al finalizar la educación en esa etapa, habrá un proceso de evaluación continua de los docentes y se autorizará que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes. En materia de Cultura se reduce el financiamiento a las políticas de fomento al cine, se cierra el Instituto Nacional del Teatro, el del Fondo Nacional de las Artes, se elimina el INCAA, entre muchas otras medidas que ya despertaron un fuerte rechazo en el sector.
Semejante embestida de Milei provocó lo que era previsible. Las protestas piqueteras –aún con el Protocolo de Bullrich- hicieron su debut. Y la CGT, tras su primera marcha el miércoles 27 de diciembre, ya decidió un primer paro nacional para el próximo 24 de enero.
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Mientras se espera la resolución de la Justicia sobre el DNU, los tiempos en el Congreso se estiran y demoran, como también el desconcierto frente a un presidente que juega a todo o nada, sin importarle las formas ni la supuesta necesidad de negociar con los otros partidos.
Los legisladores de La Libertad Avanza (tanto los senadores -7-, como los diputados -37-) se vieron sorprendidos por el DNU como también por los alcances y dimensiones de la ley ómnibus. Públicamente no sólo dijeron desconocer previamente los textos de ambas normas, sino que reconocieron que ni siquiera fueron consultados. Pese a tener que ser ellos las espadas que deban defenderlas en el Parlamento.
En tanto, en la oposición las cosas están muy divididas. Si bien hay una opinión mayoritaria en contra del DNU y también un rechazo bastante extendido a buena parte de la Ley Ómnibus, temen que haya traiciones en cada bloque y que algunos legisladores “se den vuelta” negociando beneficios para sus provincias o para ellos mismos.
En principio, en la Cámara baja, LLA cuenta con sus 37 diputados y con el apoyo del PRO de Mauricio Macri (39 bancas), pero no así de las otras patas de JXC, la Coalición Cívica (de Elisa Carrió, con 6 representantes) y el radicalismo.
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Aunque en la UCR (34 legisladores) puede ser que los sectores más cercanos al macrismo terminen avalando. Al culminar el año se constituyó un nuevo bloque de 23 integrantes en Diputados denominado “Hacemos Coalición Federal” (CC; Hacemos por Nuestro País y el Peronismo Federal), cuyo presidente es Miguel Ángel Pichetto, que podría inclinarse mayoritariamente por aprobar gran parte de la ley ómnibus pero no así el DNU. En tanto, Unión por la Patria (101 diputados) votará en contra de ambas iniciativas. Lo mismo que la izquierda con sus 5 diputados.
Javier Milei y su gabinete. Foto: X
En el Senado, en tanto, hay 33 representantes de Unión por la Patria que rechazarían los proyectos, como quizás también parte de los 13 radicales. Los 7 senadores de LLA y los 7 del PRO necesitarán convencer a algunos de la UCR además de contar con el aval de los de Cambio federal (4), Unidad Federal (3), Innovación federal (3) y Por Santa Cruz (2).
El escenario aparece muy difícil para el oficialismo, pese a la sospecha extendida de que varios legisladores podrían hacer sus propias negociaciones. Pero nada de eso parece amilanar a Javier Milei, que muestra los dientes a lo que él considera la “casta” política. Y se propone jugar a todo o nada. Como un león enfurecido.
