En medio del escándalo por la supuesta venta de candidaturas, Javier Milei, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, le envió una carta al Procurador General de La Nación, Eduardo Casal, en la que cuestionó cómo se llevó a cabo la investigación.
El actual diputado hizo hincapié en «posibles maniobras que podrían significar un dispendio jurisdiccional, una ilegitima intromisión en un proceso eleccionario y la posible actuación de un miembro del Ministerio Público Fiscal por fuera de lo que marca la ley».
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En esa línea apuntó contra el fiscal al frente de la causa y sostuvo que «la realidad es que la real ‘gravedad institucional’ es la ilegítima intromisión del Dr. Ramiro González en el proceso eleccionario mediante la apertura de una investigación preliminar que no es otra cosa que una ‘incursión de pesca’, cuyo único objetivo es menoscabar mi imagen, la de mis colaboradores y de la Alianza La Libertad Avanza».
Por lo tanto, afirmó que la investigación se realizó «sin delimitar el objeto de la investigación, sin las comunicaciones pertinentes a los Fiscales Generales, y haciendo público y mediático todos los actos y declaraciones que se dan en el proceso», lo cual va en contra de la legislación vigente y viola «el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación».
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«En base a ello, y teniendo en cuenta la simultaneidad entre la campaña política para las elecciones a llevarse a cabo el día 13 de agosto de 2023 (PASO) y la ‘investigación’, debo poner de resalto que nuestra Constitución Nacional establece que se deben llevar a cabo elecciones ‘libres'», remarcó y agregó que «si bien tanto esa Procuración General de la Nación, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación han abogado siempre por evitar menoscabar el proceso democrático y llevar a confusiones al elector, llama poderosamente la atención de quien suscribe el inicio de la investigación sin fundamento alguno y apenas un mes antes de realizarse la elección».
Ante estas declaraciones, aseveró que «es de vital importancia determinar» si el fiscal actuó «a pedido o solicitud de otro partido político (u otros candidatos)» y si la investigación empezó «con el único fin de confundir al elector, menoscabar el proceso democrático y afectar la imagen de quien suscribe de cara a las elecciones (como así también en aquellas a desarrollarse en octubre de 2023 en nuestro país)».
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«En ese marco, además, le solicito corrobore si el Dr. González cumplió los lineamientos trazados por la Resolución PGN121/06 en la investigación preliminar ‘pública’ y, concretamente, respecto de los puntos III, V y VI de dicha resolución y la comunicación a los Fiscales Generales», indicó.
Y añadió que «como miembro de otro de los poderes del Estado», observa «con suma preocupación la iniciación de diversas ‘investigaciones preliminares’ a miembros del Congreso, sus familiares y asesores que luego no se formalizan ante el órgano jurisdiccional y/o que se prolongan en el tiempo superando ampliamente los plazos establecidos por la ley».
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«A fin de respetar el mandato que me fuera otorgado por la Constitución Nacional y la representación que me otorgaron los votantes, le vengo a solicitar que se realice un amplio relevamiento interno a fin de determinar la cantidad de investigaciones preliminares iniciadas por los Sres. Fiscales de Primera Instancia, particularmente aquellos del Fuero Federal, en relación con miembros del Poder Legislativo, Precandidatos en términos generales (y sus familiares) y/o Alianzas Políticas y cuantos de ellos efectivamente han finalizado en la realización de una denuncia formal», pidió Milei.
A raíz de lo detallado, el legislador aseguró que «permitir la utilización» de esta clase de denuncias «bajo cualquier otro fin que no sean aquellos establecidos en la ley de creación del Ministerio Público Fiscal, perjudica la división de poderes, afecta la democracia y, fundamentalmente, la confianza de la gente en el Poder Judicial y en la libre elección».
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Para concluir, recalcó que «no se puede permitir el uso de facultades conferidas por la ley a los Fiscales de la Nación para confundir a la gente, interferir en procesos democráticos e intentar favorecer a ciertos partidos o candidatos» y concluyó: «Por lo expuesto, y teniendo en especial consideración la gran tarea que ha venido desarrollando desde la Procuración General de la Nación es que solicito lo antes dicho, haciéndole saber que el respeto por la ley y la libertad individual son dos principios que entiendo fundamentales».
