El funcionario se realizó un análisis que determina si la persona consumió drogas ilegales en el último tiempo a través de la detección de metabolitos en la orina.
Se trata del actual intendente de Córdoba y gobernador electo de la provincia, Martín Llaryora, quien se presentó en la Dirección de Especialidades Médicas Centro para someterse a un chequeo obligatorio a raíz de una reciente ordenanza municipal.
Según la nueva ley que se reglamentó el pasado 21 de julio, están obligados a realizarse el “narcotest” todas “las personas que desempeñen funciones por elección popular, intendente, viceintendente, concejales y tribunos, los secretarios y subsecretarios, los directores y subdirectores, asesores, o las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalentes a las de los cargos mencionados”.
Martín Llaryora en pleno «narcotest».
La nueva ordenanza que fue votada por el Concejo Deliberante obliga a todos los funcionarios a presentar los certificados dentro de los 60 días en que se aprobó y a partir de 2024 deberán realizar el chequeo antes del 31 de marzo de todos los años.
El proyecto que fue avalado en plena campaña por la gobernación por el propio Llaryora, quien afirmó: “Aquellos que tenemos responsabilidades de gestión debemos hacernos el test de narcóticos, porque si tenés que dirigir la Policía o un gobierno, no puede ser que esa persona esté vinculada al narcotráfico, que es el peor de los crímenes”.
En caso de dar positivo el testeo, la ordenanza establece que la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones realizará un “abordaje integral y tomará las medidas de contención y asistencia de la persona afectada”.
