Por Sebastián Hadida, de Noticias Argentinas
Mientras se desarrolla la sesión más larga de los últimos años, el Gobierno, los bloques de la oposición dialoguista y los gobernadores siguen negociando los artículos clave de la ley ómnibus.
Algunos temas ya están prácticamente resueltos, como la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo (léase “superpoderes”), pero otros se encuentran en un laberinto, como el capítulo de privatizaciones.
El barrido del paquete fiscal generó al principio buenas sensaciones en los bloques de la oposición blanda, especialmente por el pase a archivo del aumento de retenciones a distintos sectores de la actividad económica.
Esa decisión permitió generar las condiciones políticas para convocar a la sesión. Después de varias revisiones, el proyecto se redujo de 664 a 224 artículos. Se amputaron 440 artículos, nada menos.
El PRO quedó conforme y va a apoyar en general y en particular. Los demás bloques buscan seguir diseccionando el articulado en varias cuestiones.
Con la limpieza del capítulo fiscal quedaron afuera del repertorio temas en los que había acuerdo y que eran una fuente de ingresos tanto para Nación como para las provincias: la moratoria, el blanqueo de capitales y el anticipo de bienes personales.
Sin ese esquema fiscal, sumado a la marcha atrás de la reversión de Ganancias y el retaceo del Gobierno a renovar el impuesto PAIS como solicitaban los gobernadores, la ecuación fiscal para los provincias quedó muy comprometida.
En este marco, los gobernadores tienen menos incentivos para acompañar en particular los artículos que más interesan al Gobierno.
Hacemos Coalición Federal está presionando para obtener un nuevo pacto fiscal antes de levantar la mano en la sesión. En cambio, la UCR no condiciona el apoyo a los compromisos fiscales con las provincias, supo NA de fuentes de esa bancada.
En cuanto a las facultades delegadas, de las 11 que habían sido fijadas en el primer proyecto, sobreviven apenas seis: económica, financiera, tarifaria, energética, fiscal y administrativa.
Está en duda la de seguridad, pero también algunos gobernadores patagónicos se mantienen en vilo por las emergencias tarifaria y energética, ya que con esas facultades el Gobierno podría suspender sin permiso el beneficio de “zona fría” para usuarios de gas.
Hay bloques de la oposición “friendly” que siguen reacios a darle “superpoderes” al presidente Javier Milei, pese a que el Gobierno cedió al reducir de dos a un año de plazo. Los seis diputados de la Coalición Cívica y un grupo de seis o siete legisladores liderados por Facundo Manes se resisten a entregarle al Gobierno esta prerrogativa.
“No cuenten con nosotros para facultades extraordinarias, que nadie se confunda”, anunció ayer el neurocientífico radical, en un discurso de altísimo impacto, con costo político puertas hacia adentro y elogios del peronismo.
El asunto más pedregoso de la ley Bases el el capítulo de privatizaciones. El proyecto declara sujetas a privatización total a 37 empresas, y se autoriza a otras tres a una privatización parcial, aunque conservando el control del Estado (Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica). Quedó afuera del listado YPF a pedido de la oposición.
Entre las empresas que podrían ser transferidas a manos privadas se encuentran el Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Fabricaciones Militares, la Casa de la Moneda, AySa, Ferrocarilles Argentinos y RTA.
Pese a los esfuerzos por achicar las diferencias, sigue habiendo en este punto una dispersión de propuestas. La Coalición Cívica, por ejemplo, propone reducir a 18 la cantidad de empresas privatizables. La UCR, por su parte, considera que cada empresa que se quiera privatizar merece un proyecto de ley individual.
“El paquete enlatado hace que hayan diputados que no acompañen”, sinceró una influyente diputada del radicalismo en declaraciones en off the record.
A los consabidos rechazos de los 100 diputados de Unión por la Patria y los cinco del Frente de Izquierda, se suman los dos socialistas de Santa Fe, el grupo Manes del radicalismo y en cuanto al resto de Hacemos Coalición Federal se abre un gran signo de interrogación.
No es el único tema en el que el oficialismo tiene complicaciones para cerrar. El artículo que propone liberar al Poder Ejecutivo de la obligación de pedir permiso al Congreso para tomar deuda en moneda extranjera, derogando el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública sancionado durante el Gobierno de Alberto Fernández, promete generar una fuerte discusión en el recinto.
Las reformas del Código Penal para agravar las sanciones a quienes bloqueen la libre circulación en calles y rutas es otro foco de polémica. El capítulo “Bullrich” pone los pelos de punta al Frente de Izquierda y a Unión por la Patria, pero incomoda a fuerzas políticas con tradición democrática y republicana como la UCR y la Coalición Cívica.
También son resistidos por la UCR los cambios en el instituto de la legítima defensa. Según la nueva redacción, la interpretación sobre la proporcionalidad de la respuesta del accionar de agentes de seguridad o de Defensa frente a actitudes delictivas o criminales debe favorecer siempre a las fuerzas del orden.
Otro tema que genera inquietud en distintos bloques son los cambios en el financiamiento a los organismos de promoción de la Cultura. Los artículos referidos a este punto son un golpe a la economía de estas entidades, como el INCAA, el INAMU, y el Fondo Nacional de las Artes, ya que se fija un tope de gasto del 20% en relación al monto total de ingresos.
El Instituto Nacional del Teatro es suprimido y sus funciones son absorbidas por la secretaría de Cultura. En cuanto al INCAA, se circunscriben los subsidios al 50% del costo de producción de esos proyectos, y determina que el beneficiario de un subsidio no podrá recibir nuevos hasta que haya pasado un año desde la obtención del previo.
Acerca de los cambios en el Código Civil y Comercial, la desjudicialización de los divorcios, quitándole intervención a los abogados, y facilitando el trámite con el mero consentimiento informado de los cónyuges para la disolución del matrimonio, es uno de los puntos más cuestionados.
Además del régimen diferencial de zona fría, los gobernadores patagónicos están pendientes de que queden definitivamente afuera del proyecto los cambios al régimen Federal de Pesca, tal como se comprometió el Gobierno, y ponen la lupa en la normativa sobre Biocombustibles (el dictamen del Gobierno busca a subir el piso de corte de biodiesel y bioetanol).
Fuente: NoticiasArgentinas.com
