Los cuestionamientos a la postulación de Ariel Lijo como el quinto integrante de la Corte Suprema continúan. En esta oportunidad, las críticas vinieron por parte del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores).
«La decadencia argentina no es únicamente económica, sino también institucional», comienza diciendo el comunicado y precisa que «las instituciones han fracasado en su misión de hacer regir efectivamente los derechos y libertades constitucionales».
«Ello tiene un enorme impacto en la vida de los individuos y, además, obsta a las condiciones de previsibilidad que, entre otros, exigen los inversores, grandes y pequeños, para emprender actividades que generen empleo y bienestar», advierte.
«Lo que parece displicencia por ocuparse seriamente de definir el perfil que debe tener cualquier juez, y mera ligereza para analizar sus antecedentes durante los procesos de nombramiento, permite sospechar que la dirigencia política insiste en el intento de utilizar a la judicatura para fines políticos», afirma.
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Y remarca: «Si un gobierno ajustara plenamente su tarea a la Constitución, nada debería temer a juristas idóneos y probos, que el país los tiene de sobra. La postulación del doctor Manuel García-Mansilla para cubrir una vacante en la Corte Suprema es una prueba de ello».
«La Corte Suprema de la Nación, en tanto cabeza del Poder Judicial e intérprete final de la Constitución, debe estar integrada por jueces que no sólo sean técnicamente idóneos, sino también ejemplares«, subraya y explica: «No se trata de negar el origen político de la designación, ni de impedir que un presidente proponga a alguien afín a sus postulados ideológicos. Se trata de que el candidato, además de la solvencia jurídica, tranquilice a una sociedad crispada y le garantice que tendrá un juez, no un dirigente político para resolver los casos que llegan a su conocimiento».
Para no dejar lugar a dudas, la entidad arremete contra Lijo. «Demasiadas son las polémicas que despierta el candidato, quien integra el cuestionado fuero Criminal y Correccional Federal. Esos tribunales despiertan a menudo demasiadas sospechas sobre el manejo que hacen de los tiempos y del destino de las causas en las que investigan el flagelo de la corrupción pública«, plantea.
«El bajísimo índice de condenas que es capaz de mostrar ese fuero (en 2017 fue del 1,3% de las causas concluidas) tiene su origen, en buena medida, en la etapa de instrucción que llevan a cabo los jueces federales de primera instancia como el doctor Lijo, quien ocupa ese cargo desde hace casi dos décadas», recuerda y agrega: «Por otra parte, las múltiples acusaciones -provenientes de distintos ámbitos sobre su actuación y la alegada actividad de su hermano en su rol de “operador judicial, alejan al Dr. Lijo del modelo de juez al que aspira cualquier ciudadano independientemente de sus preferencias ideológicas para cubrir una vacante en el máximo tribunal de la Nación».
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Para finalizar, le dedica un párrafo a Javier Milei: «Los estadistas se distinguen, entre otras cosas, por la capacidad de reconocer errores y de rectificarlos», resalta y hace hincapié en que «el Gobierno tiene una oportunidad de oro para demostrar que ha dicho la verdad cuando anunció su intención de diferenciarse de la cultura política que ha llevado a la Argentina a la situación actual. Corresponde que desista de la postulación del doctor Lijo».
