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«Olivosgate»: una ONG solicitó rechazar la compensación económica que ofreció Alberto Fernández
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«Olivosgate»: una ONG solicitó rechazar la compensación económica que ofreció Alberto Fernández

La Fundación Apolo, junto con Yamil Santoro, apoderado de la organización y presidente del partido Republicanos Unidos CABA , le solicitaron hoy al magistrado federal de San Isidro, Lino Mirabelli, que no haga lugar a la donación de dinero que el presidente, Alberto Fernández, ofreció para así dar por finalizada la investigación conocida como «Olivosgate», que surgió a raíz de la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en plena cuarentena en la Quinta de Olivos.

A través de Twitter, la organización remarcó: «Basta de impunidad» y precisó: «Pedimos ser querellantes en el #OlivosGate para rechazar el ofrecimiento de @alferdez que busca cerrar la causa». En ese sentido, indicó que lo que piden es que «el Juez Mirabelli rechace la pretensión presidencial de Alberto Fernández, de obtener una probation (suspensión del juicio a prueba) a cambio de un aporte económico».

En caso de no tenerla por querellante, la fundación solicitó que se «la incorpore a la causa como amigo del tribunal («Amicus Curiae«) y rechace la pretensión presidencial de suspender el juicio, sobre la base de los fundamentos aportados en el escrito» y como principal argumento, recordó que «el propio Poder Ejecutivo, aunque en otro período presidencial, dictó el Decreto 41/99 que establece el Código de Ética de la Función Pública, en el que figura el principio de prudencia«, el cual determina que «el ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad» y a la vez, «debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores«.

Acto seguido, el texto arremetió directamente contra Alberto Fernández y sostuvo que «vulnera este principio que el Presidente desee frenar con dinero un juicio de las características del presente, donde se pretende investigar la conducta de un funcionario que es el primer magistrado de la Nación, y a quien se acusa de haber vulnerado normas de emergencia por él mismo dictadas, supuestamente para evitar la propagación de una epidemia».

Para concluir, la presentación puso el foco en el artículo 13 del Código de Ética de la Función Pública y detalló que el principio de «responsabilidad» establece que «el funcionario público debe hacer un esfuerzo honesto para cumplir con sus deberes» y remarca que «cuanto más elevado sea el cargo que ocupa un funcionario público, mayor es su responsabilidad para el cumplimiento de las disposiciones de este Código». «O sea, no es lo mismo cualquier funcionario, que un ciudadano común, y mucho menos es equiparable la situación de un ciudadano común a la de un Presidente de la Nación», finaliza el texto.

Yamil Santoro también se expresó al respecto y mediante sus redes sociales, arremetió contra el Poder Ejecutivo. «No fue un hecho aislado», recalcó, y aseveró que «se la pasaron de joda en la Quinta de Olivos». «Hicieron cualquiera y estaban por encima de la ley«, aseveró, y subrayó que «entonces, si en este momento un fiscal convalida a un tipo que se creyó por encima de la ley, que pensó que él era la ley, en Argentina no hay más Justicia«.

Sobre la compensación económica, sostuvo que eso «está contemplado para pequeños delitos, que de alguna manera el dispendio del uso de la Justicia penal es excesiva», pero recalcó que «no cuando el presidente de la Nación se caga en todos los argentinos». «No está pensado para eso, y lo están desnaturalizando», concluyó.

 

 

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