Diversas organizaciones sociales y de la sociedad civil denunciaron al Gobierno de Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por «destruir políticas públicas» que buscaban responder a la crisis alimentaria, combatir la violencia de género y defender los derechos humanos.
En la primera audiencia de la CIDH con sede en Washington, Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), sostuvo: «Para nosotros el Gobierno de La Libertad Avanza representa un plan de miseria planificada, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria».
En consecuencia, «nuestro país está avanzando en una pérdida sistemática de derechos sociales que afectan la vida y la dignidad humana».
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Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), detalló que la pobreza tuvo un incremento del 11% durante el primer semestre de 2024, y la indigencia subió más de seis puntos. A su vez, marcó que «el presupuesto para políticas alimentarias sufrió una caída real del 29% respecto al año anterior, afectando gravemente a comedores y merenderos comunitarios».
Por su parte, Natalia Zarza, dirigente de la UTEP, advirtió acerca «del avance del narcotráfico en los barrios más afectados por la pobreza».
Y aseveró que esa situación se vuelve aun más grave cuando «el Estado se retira y crece la pobreza». Además, añadió que desde diciembre de 2023, «las organizaciones sociales no reciben ningún tipo de insumo ni de prestación».
Lucila Galkin, de Aministía Internacional Argentina, aseguró que la gestión de Milei «paralizó la distribución de insumos para garantizar la interrupción voluntaria y legal del embarazo».
Y agregó que «hay faltante de métodos anticonceptivos, donde el Plan ENIA sufrió un recorte del 68%».
Roberta Clarke, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le pidió a Alberto Baños, el secretario de Derechos Humanos que se encontraba presente en la audiencia, que «la violencia de género no sea naturalizada».
«Les pido como funcionarios de gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar la violencia de género«, recalcó.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
Por parte del Gobierno, Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos, rechazó las acusaciones y precisó que «en el ámbito de la alimentación, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ha ejecutado un 82,43% del presupuesto destinado a políticas alimentarias, incrementando el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar».
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Afirmó que «estas medidas buscan cubrir la canasta básica alimentaria de niños y adolescentes, extendiendo la cobertura a más de 600.000 adolescentes previamente excluidos».
Y explicó que el Gobierno busca «superar los modelos asistencialistas» y así generar condiciones de «autonomía» y un «sistema justo» para las poblaciones humildes.
Ante este panorama, hizo hincapié en que «muchos de estos intermediarios han sido quienes históricamente han impedido la verdadera autonomía de los sectores populares» y las acusó de «clientelistas».
En referencia a las políticas de género, señaló que las acciones llevadas adelante por los gobiernos anteriores fueron «ineficientes» y recordó que la Línea 144, que es el servicio de asistencia continúa disponible, «las 24 horas, los 365 días del año».
Por último, expresó su postura en contra del aborto legal y argumentó que los derechos sexuales y reproductivos, «tal como se entienden en los marcos internacionales de Beijing y El Cairo», no lo contemplan.
También hizo referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos y remarcó «la protección de la vida desde la concepción» es un principio fundamental.
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👉🏼 Organizaciones alertaron sobre retrocesos en las políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina, señalando el desfinanciamiento y despido de… pic.twitter.com/hI2wIMdtpe
— CIDH – IACHR (@CIDH) November 15, 2024
