El fiscal, Guillermo Marijuan, a cargo de la auditoria para investigar a las 250.000 personas que compraron dólares o declararon un bien personal siendo beneficiarios de un plan social, conversó esta mañana con Cristina Pérez en Radio Rivadavia y precisó que «desde el año 2001 yo estoy a cargo de la Unidad Fiscal de la Seguridad Social y en ese entonces, nosotros advertimos la necesidad de hacer un control de los planes sociales: un monitoreo y un entrecruzamiento de datos».
En esa línea detalló que ya en ese momento «se presentaban irregularidades con la inscripción de gente que no estaba en condiciones de acceder al plan» y agregó que «después se sucedieron una infinidad de planes» por lo que recalcó que «el problema existió y sigue existiendo«.
Respecto al plan «Potenciar Trabajo» indicó que «la AFIP se toma el trabajo de realizar una auditoría en donde entrecruza el padrón con sus bases de datos» y señaló que «para poder acceder a ese plan es necesario que al menos no se cuente, por ejemplo, con un automotor que tenga más de diez años de antigüedad o solamente pueda contarse con un inmueble«.
En ese sentido, recalcó que «se fueron encontrando planes de personas que superan estos requisitos mínimos de acceso y muchos otros» y explicó que «eso da un número de inconsistencias que llega más o menos a los 260.000 casos«. «A raíz de ello, decidí formular una denuncia penal en donde incluí un petitorio para proceder a la suspensión de todos estos planes hasta tanto se haga un rempadronamiento por parte de los funcionarios públicos a cargo del control y la gestión de estos planes», sostuvo.
Frente a este panorama, advirtió que «ahora a fin de mes hay que disponer de más o menos 7.300 millones de pesos para pagar estos planes» y sobre la denuncia que efectuó, puntualizó que «está dirigida a quien se haya inscripto sin estar en condiciones y sabiendo que no lo estaba, poniendo al Estado y al funcionario público en una situación de error, que le hace hacer una disposición patrimonial que no corresponde, es decir, una defraudación a la administración pública» y agregó que «también se tendría que analizar la situación de los funcionarios que no advirtieron esta circunstancia cuando tienen todos los elementos para hacerlo«.
Lejos de quedarse callado aseveró que se trata de un hecho de «corrupción» porque «también hay que pensar que no sé si hay 260.000 personas que lo necesitan y no pudieron cobrarlo» y recalcó que «haya más o haya menos, uno puede imaginarse el dolor que tiene una persona que lo necesita porque está en la pobreza absoluta y no puede cobrarlo debido a que lo percibió otra que tiene muchísimos bienes o que tiene ingresos».
En ese punto, consideró que el Estado tendría que «citar a los beneficiarios que tienen que venir a rempadronarse» y subrayó que «hay muchos miles que no van a ir porque saben que no están en condiciones». «Y los que vayan y digan que es un error de la AFIP, ya que, ellos están en condiciones y demuestren nuevamente la posibilidad de estar empadronados, se les levantará la suspensión e inmediatamente volverán a cobrar lo que tengan que cobrar y lo que no percibieron».
Por lo tanto, sostuvo que quienes cobraron los planes de manera irregular, tendrían que «devolverle el dinero al Estado y usar ese dinero para asistir a gente que lo necesita y que no cobra».
