La senadora nacional de Unión por la Patria Juliana Di Tullio reclamó a la Justicia que el presidente Javier Milei sea declarado «en rebeldía» por negarse a dar explicaciones en tiempo y forma acerca de los motivos para el cierre de la agencia de noticias Télam.
A través de un comunicado, la legisladora kirchnerista recordó que el 8 de marzo pasado inició una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional por el cierre de la agencia estatal, que había sido anunciado por el mandatario durante su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias. El 12 de abril ese pedido llegó al Juzgado Nacional Contencioso Administrativo 10, a cargo de Liliana Heiland, quien le dio cinco días al Gobierno «para brindar información sobre los hechos».
Este lunes se venció el plazo y, dado que no se produjo la respuesta por parte del Poder Ejecutivo, Di Tullio solicitó la «declaración en rebeldía de Javier Milei», asegurando que «No aportó informes, antecedentes ni brindó explicaciones por el cierre intempestivo y la licencia a más de 700 trabajadores de prensa».
Al respecto, la senadora aseguró: «El cierre de la agencia afecta el derecho a recibir información veraz, deja al pueblo argentino, vulnerable a la difusión e instalación de fakenews, y desgasta nuestra institucionalidad y democracia. Télam llega a todos los rincones de nuestro país, por eso es tan importante su defensa».
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Y agregó: «Este desguace y desregulación está presente en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, por eso el Presidente está tan interesado en siga vigente. Y mientras eso suceda, va a avanzar con la privatización de todas las Sociedades del Estado. La inseguridad jurídica que instaura el gobierno nacional cerrando el Congreso y gobernando por decreto, nos exige a los representantes del Poder Legislativo ponerle un límite a esta autocracia«.
Finalmente, y puntualmente sobre el cierre de la agencia, Di Tullio señaló que el propio estatuto de Télam dispone que para su cierre se necesita «autorización legislativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 20.705». Por lo tanto, concluye, «se interpreta que el Poder Ejecutivo Nacional avanza de hecho, sin ningún acto administrativo, sin reforma estatutaria, sin ley; hablan de libertad, pero lo único que hicieron estos cuatro meses fue cercenar derechos”.
