El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el “lawfare” en la Argentina y la “persecución” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El funcionario expuso en el marco de la cuarta edición del Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.
Durante su discurso, Pietragalla remarcó que el “lawfare” es uno de los “principales obstáculos para poder garantizar la vigencia de los derechos humanos” en nuestro país, y que esta problemática se extiende a Latinoamérica y el mundo.
Con un informe realizado por más de 30 áreas gubernamentales y con el apoyo del presidente Alberto Fernández, el secretario remarcó que la guerra judicial implica “una degradación del sistema institucional y pone en jaque el sistema republicano de división de poderes”.
En ese sentido, ejemplificó con la “persecución judicial” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien “ha sido condenada en primera instancia por el manejo de obras públicas, sin tener en cuenta que tales obras fueron dispuestas por una ley emanada del Congreso nacional y ejecutadas por funcionarios”.
Desde la @SDHArgentina denunciamos hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el “lawfare” en nuestro país como uno de los principales obstáculos para poder garantizar la vigencia de los derechos humanos. pic.twitter.com/xtWEy2OyOP
— Horacio Pietragalla Corti⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) January 23, 2023
Pietragalla aseguró que “se vulneró su derecho a la defensa” y “se la sometió a juicio por hechos que ya habían sido juzgados y se la condenó por la responsabilidad objetiva que tenía por su sola condición de presidenta”.
“Bajo la excusa de sanción de hechos delictivos, se siguen violando garantías fundamentales del estado de derecho, porque estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, con la única finalidad de su proscripción política”, remarcó.
En la misma línea, criticó que “se garantiza la impunidad a personas vinculadas al poder económico que han permitido o avalado el endeudamiento criminal y la fuga de capitales que han condicionado al país y generado pobreza e indigencia”.
Además, el funcionario se refirió al pedido de juicio político contra la Corte Suprema, a la que acusó de estar “afectando los principios democráticos que hacen a la independencia e imparcialidad que deben regir el desempeño del Poder Judicial y el Ministerio Público”.
Por otro lado, mencionó los “efectos perjudiciales” que provocó “el brutal endeudamiento” con el Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno de Mauricio Macri, y el avance de los discursos de odio “agravados por el reciente intento de magnicidio” contra Cristina.
De esta forma, el secretario solicitó el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos y de los países miembros para impulsar medidas para abordar estas problemática. El próximo viernes, el Consejo brindará su devolución con las recomendaciones.
