El tema de los planes sociales en manos de las agrupaciones políticas llegó a la Justicia, debido a que el fiscal federal Guillermo Marijuán llevó adelante una denuncia penal contra los dirigentes del Polo Obrero Gabriel Solano y Eduardo Belliboni por los supuestos delitos de «amenazas y extorsión», a raíz del presunto cobro del 2% a quienes forman parte de la organización y son beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo.
El fiscal argumentó su decisión en un artículo del diario Clarín con fecha del 13 de junio pasado y en lo dicho por Solano, quien afirmó que «en el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan» y agregó, según consta en la denuncia, que «ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia, por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería».
La denuncia se encuentra en manos del juzgado a cargo de la jueza María Servini, con el número 2078/2022, y acorde con lo precisado por Marijuán «solamente de manera provisoria, las conductas habrán de encuadrarse en los delitos de amenaza y de extorsión«.
Y además añadió que «según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones».
En consecuencia, el fiscal indicó como medidas de investigación que «se libre oficio al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Desarrollo Social, ambos de la Nación, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación (se refiere al plan) en el año 2020″.
En esa línea señaló que ambos ministerios tendrán que hacer saber «si se registran denuncias por pedidos de dinero a los beneficiarios de este plan a cambio de su otorgamiento, y en su caso, si se labraron expedientes administrativos o si se efectuaron las correspondientes denuncias en sede judicial».
A su vez, hizo hincapié en que «se solicite a los gobernadores de todas las provincias del país, como así también a los intendentes de cada municipio de la Provincia de Buenos Aires, que informen si han recibido denuncias en orden a los hechos ilícitos aquí develados».
Por último, la Anses deberá dar a conocer «cuáles son los requisitos que deben reunirse para acceder al programa ‘Potenciar Trabajo’, como así también cuál es la documentación que debe presentarse al efecto».
Fuente: www.noticiasargentinas.com
