En su plan de reducción del Estado, el presidente Javier Milei decidió dar de baja los contratos de unos 7.000 empleados públicos que ingresaron a la Administración Nacional durante el 2023.
La medida fue oficializada a través del Decreto 84/2023, que establece que “no serán renovadas” las “contrataciones del personal para la prestación de servicios” que se hayan iniciado a partir del 1° de enero de 2023.
Esto alcanza a los trabajadores de la administración central y los organismos descentralizados, como también a quienes ingresaron en los entes públicos, incluyendo las “entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones”.
Solo quedarán exceptuadas las contrataciones derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales; el personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación; y el personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la misma.
Esta medida se enmarca en el DNU 8/2023 emitido por el presidente el pasado 10 de diciembre, “a los fines de lograr un mejor funcionamiento de la Administración Pública”.
Por otro lado, el decreto establece que “las contrataciones cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1° de enero de 2023, no podrán ser renovadas por un periodo mayor de 90 días corridos”.
Además, instruye a las autoridades de cada jurisdicción a realizar un “relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente”.
“En el caso de que las autoridades decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”, remarca.
