La investigación por el ataque a Cristina Kirchner continúa y hoy la Cámara Federal ratificó que la agrupación Revolución Federal no se encuentra por el momento, relacionada con el atentado contra la vicepresidenta.
El tribunal, en un fallo unipersonal que lleva la firma de su titular, Mariano Llorens, confirmó la postura de la magistrada María Eugenia Capuchetti, que había desestimado unir la investigación por el intento de asesinato a la titular del Senado con una denuncia contra miembros de Revolución Federal.
«Las constancias hasta ahora reunidas en esta incipiente pesquisa, resultan insuficientes para sostener el vínculo pretendido y afirmar la conveniencia del trámite conjunto de los expedientes», precisó el dictamen de la Cámara Federal y por lo tanto, las dos causas irán por carriles distintos.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había mandado a su par Capuchetti una denuncia acerca de Revolución Federal debido a que consideró que «según la actividad constatada en torno a la agrupación era manifiesta e incluso publicitada la voluntad de perseguir y ejecutar actos de violencia en torno a integrantes del Poder Ejecutivo de la Nación, situación que en efecto aconteció a la luz del atentado que se investiga, que parecieran encontrar antecedente en la operatoria que aquí se denuncia».
Sin embargo, la magistrada indicó replicó que los acontecimientos que investigaba su par «se circunscriben a personas totalmente distintas y hasta el momento sin vinculación con aquellas que se encuentran imputadas en la causa» por el atentado.
La Cámara confirmó ese criterio por lo que, por el momento, Revolución Federal no está vinculada al intento de homicidio a Cristina Kirchner, pero «sin perjuicio de que el avance de la investigación permita formular un nuevo planteo».
CARRIZO SEGUIRÁ PRESO
La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires determinó que Gabriel Carrizo, jefe de los vendedores de algodones de azúcar conocidos como «los copitos», continuará detenido, acusado de supuesto partícipe del ataque contra la vicepresidenta.
El tribunal no hizo lugar a la apelación que presentaron los abogados defensores de Carrizo contra la determinación que ya había rechazado en primera instancia su liberación.
Acorde con la Cámara, la causa «se halla en una etapa de recolección de prueba que debe ser asegurada a los efectos de evitar cualquier posible entorpecimiento (aun faltan el resultado de distintas medidas de prueba que ya fueron ordenadas: peritajes de teléfonos, entrecruzamiento de llamados, entre otras)» y es por eso, que sostuvo que «por el momento resultan razonables los peligros procesales que impedirían acceder a liberación solicitada».
En esa línea, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, explicaron que «en el acotado margen de esta incidencia, se tiene en cuenta el hecho de que pudieran existir personas vinculadas a la encuesta, que aún no fueron habidas, lo que permite presumir que en caso de recuperar su libertad, Carrizo podría alertar sobre el curso de la pesquisa».
Al mediodía, en una audiencia pública que duró alrededor de más de una hora en los tribunales de Comodoro Py 2002, la defensa del vendedor había manifestado que su cliente «estuvo siempre a derecho y colaboró con la investigación desde el primer momento». Es por eso, que el abogado Gastón Marano pidió que, ante una posible respuesta negativa de los magistrados, se evalúe la posibilidad de una prisión domiciliaria o una libertad controlada a través del monitoreo con la tobillera electrónica.
La Cámara tendrá que analizar la petición como un incidente aparte, pero dejando firme la decisión de hoy de desestimar la excarcelación.
La querella que representa a Cristina Kirchner se expresó en contra de la excarcelación, debido a que, indicó que todavía existen los riesgos procesales de que en libertad, Carrizo obstruya la causa.
Carrizo, quien estuvo presente en la audiencia mediante videoconferencia desde el penal de Marcos Paz, consiguió hoy un permiso para tener contacto a través de videollamadas con su familiares, sobre todo con un hermano que sufre una discapacidad que le hace difícil ir personalmente a la cárcel.
Además, los letrados del vendedor hicieron hincapié en que el detenido ayudó con la causa porque se presentó de forma espontánea como testigo para decir lo que sabía sobre el atentado a la vicepresidenta y remarcaron que únicamente colaboró con la detenida Brenda Uliarte hasta que supo la verdadera actuación que la novia de Sabag Montiel tuvo en el ataque.
Por otra parte, argumentaron que todos los intercambios de mensajes por Whatsapp previos con Uliarte tuvieron que ver con temas de trabajo relacionados con la venta de copos de algodón, y que no se infieren a partir de ellos conocimiento o accionar en la preparación del intento de homicidio contra la exmandataria.
Sin embargo, el abogado querellante, Marcos Aldazábal, contradijo esta visión, ya que, afirmó que de los mensajes de chat se desprende que Carrizo además de saber del plan para asesinar a la vicepresidenta también tuvo una participación activa en la elaboración.
Frente a ese panorama, ambas partes se encontrarán nuevamente en la audiencia de apelación, que se llevará a cabo el próximo 4 de octubre.
Carrizo solicitó que se anule el uso de los datos obtenidos de su teléfono, ya que, sostuvo que lo entregó de forma voluntaria como testigo y que después se utilizó esa información para acusarlo por lo que afirmó que se violó la garantía constitucional contra la autoincriminación.
Además, planteó la nulidad de su detención porque asegura haber asistido a los tribunales de Comodoro Py 2002 para presuntamente recuperar su celular y cuando llegó al establecimiento, las fuerzas de seguridad le colocaron las esposas.
