La Sala I de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires ratificó, de manera unánime, el procesamiento contra Cristina Kirchner por utilizar aviones pertenecientes a la flota de Presidencia para llevar muebles a sus hoteles en El Calafate, provincia de Santa Cruz cuando era mandataria.
Además, Mariano Llorens, uno de los tres jueces, que confirmó la medida, consideró que la vicepresidenta debe ser detenida y llevada a juicio político.
Es así como, en el texto, Llorens precisó que «habré de encomendar al magistrado de grado se considere, en atención al acento distintivo de los hechos del sumario como testimonios de una matriz de corrupción especialmente dañina para los destinos de la Nación (artículo 36 de la Constitución Nacional), que debe ser prevenida, erradicada y sancionada, que evalúe los extremos aquí indicados para precisar la senda que se habrá de transitar».
En esa línea, indicó que «respecto de la porción del proceso que ingresa en el campo del derecho criminal, deberá analizar si el camino para asegurar las medidas de cautela personal es el juicio que la Constitución Nacional impone para la separación del funcionario del ejercicio del rol con el que fue investido, a fin de tornar efectivo su encarcelamiento provisional» y añadió que «en lo que refiere a los restante eventos, carentes de relevancia penal, pero de innegable desvalor ético, corresponde poner en conocimiento de las autoridades competentes del Parlamento Argentino esta resolución para que, en el ámbito de su competencia, evalúe el inicio del proceso constitucional en cuyo marco se analice el desempeño revelado por los imputados como custodios de los bienes públicos».
En conclusión, sostuvo que los hechos deben analizarse a partir de «una perspectiva integral y conjunta (…) que pusieron en evidencia la instrumentación de un esquema de corrupción estatal, instaurado entre los años 2003 y 2015″.
Por su parte, los otros dos jueces, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, únicamente confirmaron el procesamiento contra Cristina Kirchner y el embargo. En el documento subrayaron que la exjefa de Estado «utilizó en provecho propio un servicio pagado por la administración pública».
