El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue procesado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La decisión fue tomada por el juez Sebastián Casanello y la condena implica entre dos y seis años de prisión. El magistrado consideró que había evidencia suficiente para determinar que el Polo Obrero desvío fondos provenientes del Plan Potenciar Trabajo y que una parte de ese dinero se utilizó para financiar actividad partidaria.
«El desvío de los fondos no fue inocente ni accidental, sino planificado y dirigido hacia una finalidad en particular: financiar la actividad político-partidaria de la agrupación», aseguró Casanello.
Y agregó que esa forma de manejarse «les permitió aplicar de manera oculta los fondos asignados en el marco del Programa Potenciar Trabajo para solventar actividades de prensa, militancia y campaña electoral».
El juez afirmó que la organización usaba empresas «truchas» a fin de justificar el uso que hacía de la plata que recibía. Esas compañías son: imprenta Rumbos, Coxtex, Ricoprint y Carlos Osvaldo Monfrini, proveedor de handies.
Por lo tanto, sostuvo: «Se asentó falsamente la compra de productos para justificar los desembolsos realizados, sino también los cheques que fueron posteriormente entregados a empresas distintas de las formalmente consignadas en las rendiciones de gastos, para concretar el desvío postulado».
Además de Belliboni, la Justicia procesó a 17 personas más: algunas fueron acusadas de «defraudación» con diferentes tipos de responsabilidades y otras de «amenazas coactivas».
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