La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) emitió un comunicado a favor de Cristina Kirchner luego de que el fiscal, Diego Luciani, pidiera 12 años de prisión para la vicepresidenta por la causa de la obra pública.
En el texto titulado «Declaración del Consejo Directivo sobre la persecución judicial y mediática por razones políticas contra Cristina Kirchner«, el organismo precisa que «la denuncia original realizada por Javier Iguacel de sobreprecios en obras de vialidad durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y que desencadena el juicio no ha sido corroborada por ninguno de los peritos involucrados».
En esa línea remarca que «las obras en cuestión fueron aprobadas por el Congreso de la Nación Argentina» y agrega que «se han hecho públicos encuentros privados entre jueces, fiscales y dirigentes de la oposición». Por lo tanto, subraya «que a pesar de la falta de pruebas e irregularidades en el juicio, la fiscalía pidió como pena para Cristina Fernández de Kirchner doce años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos».
«Dicha inhabilitación pretende interrumpir de forma ilegítima el proceso de ampliación de derechos y empoderamiento popular, iniciado durante la presidencia de Néstor Kirchner y profundizado durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner», asevera y recuerda que «se ha impedido a la vicepresidenta ampliar la indagatoria, elemental derecho de defensa».
Frente a ese panorama, afirma que «la táctica de guerra jurídica o ‘lawfare’, en donde una alianza canallesca entre los poderes judicial, mediático y político impulsan juicios a partir de falsas denuncias, se ha hecho cada vez más frecuentes contra líderes populares latinoamericanos, socavando las bases del sistema democrático» y a modo de ejemplo, detalla que «en otros países de América Latina, como Brasil, Bolivia, Ecuador, Honduras y Paraguay ya hemos atestiguado el funcionamiento de este tipo de persecuciones cuyo objetivo no es otro que preservar el status quo donde son las derechas conservadoras las que dirimen el poder dejando por fuera a los sectores populares y sus necesidades».
En conclusión, el Consejo Directivo resuelve: «Repudiar enérgicamente la persecución judicial y mediática por razones políticas contra Cristina Fernández de Kirchner y «rechazar el uso del sistema judicial para la proscripción de líderes de nuestra región». Es por eso, que llama a «adherir a las iniciativas en este sentido» y «convoca a la comunidad a manifestarse».
