Alberto Asseff, diputado nacional de Juntos por el Cambio, presentó hoy una iniciativa en el Congreso cuyo objetivo es dejar sin efecto la normativa que establece el derecho al voto para los presos, para lo cual habría que derogar la ley 25.858 que sumó cambios al Código Nacional Electoral. El proyecto cuenta con la firma de otros 10 legisladores.
A través de su cuenta de Twitter, el dirigente opositor dio a conocer la propuesta en la que se propone «excluir del padrón electoral a los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad», ya que, se considera al artículo 3 bis que le permite a los reclusos sufragar «un mero recurso para la obtención de votos por parte del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta el perfil del electorado que detenta el oficialismo«.
En esa línea remarcan que «entendemos también que el procedimiento para el sufragio para personas privadas de la libertad implica una erogación económica que obviamente debe ser afrontado por las arcas del estado, que bien podrían destinarse a calidad y mejoras de la situación carcelaria de los mismos internos a los que el oficialismo intenta ‘beneficiar’ con el otorgamiento del sufragio» y agregan que «para llevar a cabo las elecciones en ámbitos carcelarios se requiere de una organización e infraestructura especial, implicando reforzar la seguridad en penales, y bien sabido es, que en oportunidad de llevarse a cabo los comicios, el personal de las fuerzas debe abocarse enteramente a los actos eleccionarios«.
https://t.co/EguzaFT9so
Asseff y 10 diputados proyectan derogar el derecho a voto de los presos legalmente detenidos por orden judicial; “No tiene sentido ni racionalidad que pierdan la libertad pero estén habilitados para elegir nuestras autoridades”. Exp. 3992-D-2022— Diput.Alberto Asseff (@DiputadoAsseff) August 9, 2022
Es por eso, que subrayan que «celebrar elecciones en penales o instituciones tales como comisarias o delegaciones (pues allí también puede haber personas con prisión preventiva) implica un riesgo grave a la seguridad, no sólo de la sociedad, sino también para el personal de seguridad y para los propios internos, pues el escenario se encontraría apto para que se lleven a delante ‘motines’ o ‘fugas de internos».
En consecuencia, enfatizan que «los fondos destinados a estos actos, bien podrían ser utilizados en favor de su propia seguridad y mejoramiento de condiciones de infraestructura carcelaria» porque remarcan que «bien sabido es el hecho de las deplorables condiciones sufridas por las personas privadas de la libertad, contrariando parámetros constitucionales y de pactos internacionales de Derechos Humanos, de raigambre constitucional».
Por último, aseveran que «la privación de la libertad de una persona indefectiblemente lo pone en una situación en la cual ciertos derechos y obligaciones no pueden ser ejercidas, todo ello debido a la restricción de desplazarse del interno, resulta harto contradictorio obligarlos a llevar a cabo una imposición cívica tal como el voto» y añaden que «la persona detenida mal puede lograr un estado mental en el cual le permita el discernimiento tal que lo lleve a elegir correcta y conscientemente a sus representantes, por cuanto dicha persona se encuentra mentalmente enfocada en su entorno carcelario y en lograr su libertad».
