Cada vez son más las provincias que comienzan a implementar la Ley de Ficha Limpia. Este jueves, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó la normativa, que establece que aquellas personas que cuentan con una condena judicial no puedan presentarse a elecciones para ejercer cargos públicos o partidarios.
Este proyecto nació tras la unificación de dos iniciativas presentadas por los legisladores Andrés Chanampa y Enzo Cornejo. Con un amplio consenso entre el oficialismo y la oposición, la legislatura sanjuanina lo convirtió en ley con 32 votos a favor y tres en contra.
Así, San Juan se suma a otras cuatro provincias que también aprobaron esta ley de Ficha Limpia: Chubut, Mendoza, Salta y Jujuy.
De acuerdo al documento probado en esta provincia, se estableció modificar algunos artículos de las leyes Nº 815- N, relacionada a los Estatutos de los Partidos Políticos, y de la Nº 560- E sobre la Ética Pública. Los mismos se pondrán en vigencia de cara a las elecciones 2023.
Celina Ramella, diputada que actuó como miembro informante, explicó que esta normativa tiene como fin “que el electorado tenga candidatos con una trayectoria limpia y por ende se sienta mejor representado”.
En ese sentido, explicó que para que la ley se aplique el precandidato o candidato debe tener una sentencia ratificada al menos en segunda instancia.
Entre los delitos que se consideran, se encuentran aquellos contra la administración pública; contra el orden económico y financiero; contra las personas; contra la integridad sexual; contra el estado civil; contra la libertad; contra la propiedad; y contra los poderes públicos y el orden constitucional.
En caso de que la condena sea ratificada una vez que el candidato ya fue electo para ocupar un cargo en la provincia, la diputada destacó que se podrán aplicar otros mecanismos como el juicio político a través de la Legislatura sanjuanina.
Al respecto, los diputados votaron el cambio del Artículo 39 de la Ley de Ética Pública, que establece que “todo funcionario de rango político, salvo los pasibles de Juicio Político y Jurado de Enjuiciamiento, que en el ejercicio de sus funciones fuere condenado por los delitos del artículo 38 de la presente ley, cesará en sus funciones a partir de que la sentencia tenga fuerza ejecutoria, por considerarse tal circunstancia ética y políticamente incompatible con la función”.
“Creo que desde acá tenemos que dar ese mensaje para jerarquizar la actividad política y mejorar esta empatía de la ciudadanía y los representantes”, destacó Ramella.
Cabe resaltar que estas disposiciones sólo afectarán a los cargos provinciales, como gobernador y legislador, aunque llamaron a los municipios a sumar ordenanzas para implementarla.
