Los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto conocido como “Ley Santiago Caputo”, el cual busca modificar la Ley de Ética Pública para que los asesores presidenciales rindan cuentas y sean alcanzados con la obligatoriedad de presentar una declaración jurada.
El documento establece que se modifique el artículo 1° de la mencionada ley sobre la “Alta Dirección Pública”, incluyendo en esta definición a “las funciones expresamente establecidas en la Constitución Nacional en el art. 99 y que delegue el presidente, secretarios presidenciales, Jefe de Gabinete y Ministros del Poder Ejecutivo Nacional en otros funcionarios de menor rango, asesores o consultores contratados”.
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“Cuando la asesoría se realice sobre facultades que la Constitución Nacional confiere expresamente al presidente de la Nación, el/los asesor/es deberán cumplimentar con todas las obligaciones que posee el presidente en cuanto a la gestión de intereses, información pública, publicidad de los actos de gobierno y controles por parte del Congreso de la Nación de los actos presidenciales delegados”, apuntan.
Además, agrega el inciso x al artículo 5°, el cual menciona que “todos los funcionarios independientemente de su forma de contratación con cargos de Alta Dirección Pública y/o con remuneraciones iguales o mayores a 1500 Unidades Retributivas de Servicios (URS) del Sistema Nacional de Empleo Público” deberán presentar declaración jurada de forma obligatoria.
Paulón y Fein expresaron en sus justificaciones que este proyecto es impulsado luego de que la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei, oficializó en un informe que el Gobierno cuenta con contratos en categoría “Consultor”, pero que en sus funciones “no se condice la actividad desplegada con la toma de decisiones y responsabilidades que se le atribuyen en el ejercicio diario de la administración pública”.
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Entre esos están Santiago Caputo, uno de los tres integrantes del “triángulo de hierro” del presidente Javier Milei, quien no cuenta con un contrato oficializado como funcionario y por tal motivo no se ve alcanzado por esta obligatoriedad. Sin embargo, muchos han advertido sobre su gran influencia en la toma de decisiones del Gobierno.
Al respecto, los diputados mencionaron como “un caso de resonancia institucional enorme” la postulación de Manuel García-Mansilla para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia. “Fue él mismo quien refirió que su cargo le fue ofrecido por una persona en ejercicio de la función pública pero sin designación específica para los roles que desarrolla y sin haber presentado, previamente, su declaración jurada por no ser requerible según interpretación de la propia Oficina Anticorrupción”, remarcaron.
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“Sumado a ello, en fecha 21 de octubre del corriente año, en la entrevista al expresidente Mauricio Macri y transmitida por La Nación +, refirió que ‘Javier Milei le cedió casi el manejo absoluto del gobierno’ a Santiago Caputo”, quien cuenta con un contrato como “consultor nivel II”.
“Es fundamental que estos asesores presenten una declaración jurada obligatoria, independientemente de si su cargo es remunerado o no”, señalaron, ya que “no podemos aceptar que personas con semejante responsabilidad no rindan cuentas de su patrimonio antes, durante y después de su función pública”, reafirmaron.
