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Reestructuración del sector público: el Gobierno eliminó más de 34.000 puestos en su primer año de gestión
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Reestructuración del sector público: el Gobierno eliminó más de 34.000 puestos en su primer año de gestión

Entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, el Gobierno de Javier Milei implementó una reestructuración del sector público que resultó en la eliminación de 34.829 puestos de trabajo, equivalentes al 7% del personal total. Este ajuste tuvo un impacto significativo en la Administración Pública Nacional (APN) y en las empresas estatales, sectores donde se concentraron las mayores reducciones.

En la APN, el personal disminuyó en un 10%, mientras que en las empresas estatales la reducción alcanzó el 12,6%. Estas acciones generaron un ahorro estimado de 3.820 millones de dólares, según datos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La información oficial habla de un cambio particularmente significativo, porque la APN “había sido uno de los pocos sectores con un crecimiento sostenido en la última década”

Según datos oficiales, el ajuste realizado entre diciembre de 2023 y octubre de 2024 generó un ahorro de 3.820 millones de dólares

Impacto por modalidades de contratación

Las modalidades de contratación en la APN fueron afectadas de manera desigual. Los contratos permanentes y transitorios registraron una caída del 3,6%. Por otro lado, los contratos regidos por la Ley Marco (Ley 25.164) experimentaron una reducción del 17,8%, mientras que los contratos LOYS, destinados a monotributistas bajo el Decreto 1109/17, tuvieron una disminución del 51,9%.

El impacto financiero de estas reducciones también fue variado. Los contratos bajo la Ley Marco representaron el mayor ahorro, con 2.060 millones de dólares, seguidos por los contratos permanentes y transitorios, que generaron un ahorro de 1.130 millones de dólares. Los contratos LOYS contribuyeron con 630 millones de dólares al total.

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El ahorro total se calculó utilizando el salario promedio ponderado de octubre de 2024 y aplicando el concepto de perpetuidad, que estima el valor futuro de los salarios no pagados. Este análisis se ajustó mediante una tasa de descuento para obtener el valor actual de estos ahorros. El enfoque también consideró las responsabilidades asociadas, como beneficios y cargas sociales.
Resultados por Sectores

La APN fue el sector más afectado, con más de 20.000 puestos eliminados. Según el informe oficial, este sector había mostrado un crecimiento sostenido en la última década, por lo que la reducción habría marcado un cambio respecto a tendencias previas. En las empresas estatales, la reducción del 12,6% del personal también contribuyó al ahorro general.

El Gobierno ha destacado estas medidas como parte de su compromiso con la austeridad y la eficiencia en la administración pública. Sin embargo, los ajustes también han planteado preguntas sobre su impacto en la operatividad del Estado y la calidad en la prestación de servicios públicos.

Aunque el ajuste realizado entre diciembre de 2023 y octubre de 2024 generó un ahorro significativo, aún resta evaluar a largo plazo cómo estas medidas afectan la eficiencia gubernamental y la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

En este sentido, el Gobierno nacional dio a conocer los detalles del sistema de evaluación que busca medir la idoneidad de empleados públicos contratados y de planta transitoria. A través de un modelo de examen diseñado específicamente, más de 40.000 trabajadores del Estado serán evaluados en comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y conocimientos de administración pública. Este requisito es obligatorio desde el mes de diciembre.

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Aunque desde la gestión aclararon que esto no apunta a avanzar en despidos si no a que la administración pública nacional de un paso hacia la consolidación de un modelo más racional y eficiente “en el que la idoneidad y las competencias profesionales ocupan un lugar central”, desde asociaciones que nuclean a los trabajadores del estado denuncian lo contrario.

Del mismo modo, el otro punto de preocupación surge del aumento del desempleo en un contexto donde no es sencillo encontrar trabajo, especialmente considerando los elevados niveles de pobreza e indigencia en el país. Estas condiciones plantean desafíos adicionales para las políticas de reestructuración.

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