El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar interina que suspende los efectos del decreto 116/25, firmado por el presidente Javier Milei, que transformaba al Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima.
Con esta resolución, tanto el Estado como la propia entidad bancaria deben abstenerse de avanzar en la implementación de la medida. Además, el magistrado otorgó al Ejecutivo un plazo de cinco días para presentar sus argumentos en defensa del decreto.
En su fallo, Ramos Padilla sostuvo que el Banco Nación «es una entidad autárquica y que su creación fue establecida por el Congreso Nacional», por lo que cualquier modificación en su estructura debe ser aprobada por el Poder Legislativo, no por el Ejecutivo.
Según su argumentación, solo el Congreso tiene la facultad de revocar el carácter autárquico del banco, por lo que el decreto presidencial excedería sus atribuciones.
La suspensión del decreto se enmarca en una causa judicial iniciada el año pasado, cuando surgieron preocupaciones sobre una posible privatización del Banco Nación. Diversos sectores políticos y gremiales expresaron su rechazo a la transformación de la entidad, advirtiendo sobre el impacto que podría tener en la economía y en el acceso al crédito.
Esta decisión judicial representa un nuevo obstáculo para el plan de desregulación y reformas estructurales impulsado por el Gobierno de Milei. La administración libertaria ha enfrentado múltiples desafíos en los tribunales en su intento por modificar regulaciones y avanzar en su política de reducción del Estado.
Se espera que el Gobierno impugne la medida ante instancias superiores, mientras continúa la disputa legal sobre el futuro del Banco Nación. Por el momento, la entidad seguirá funcionando bajo su estructura actual hasta que la Justicia emita un fallo definitivo sobre el caso.
