El procurador general interino, Eduardo Casal, dio lugar al reclamo del Gobierno para revisar la reforma constitucional de Jujuy y dictaminó que la Corte Suprema debe revisar su legitimidad.
El fallo, publicado este viernes 4 de agosto, fue emitido luego de una denuncia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que reclama que se declare inconstitucional a la nueva carta magna de la provincia norteña impulsada por el gobernador Gerardo Morales.
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“A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”, expresó Casal en el documento.
Desde el Gobierno reclaman que el inciso 4 del artículo 67, que prohíbe los piquetes y cortes de ruta, “sienta las bases de un reglamento represivo” e implica “cercenamiento de los derechos de reunión, protesta y huelga de la totalidad del pueblo jujeño”.
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Además, remarcan que la reforma constitucional omitió “la debida y previa consulta a los pueblos originarios interesados, al tiempo que cuestiona el contexto en que se dio su modificación, porque entiende que se habrían manipulado los plazos procedimentales seguidos por la convención y el doble rol asumido, en simultáneo, por el Gobernador y como Convencional Constituyente”.
En su fallo, Casal consideró que “la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esa instancia, cualquiera sea la materia del pleito”. “En consecuencia, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal”, finalizó.
