Luego de haber conseguido la aprobación de la Ley Bases, el Gobierno decretó la emergencia ferroviaria, que había sido anunciada luego del accidente de trenes de la línea San Martín en Palermo.
La medida fue oficializada a través del Decreto 525/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei y de todos sus ministros.
El documento declara la emergencia pública en materia ferroviaria para los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, por el plazo de 24 meses, con posibilidad de extenderlo por un año más.
Qué significa la «emergencia ferroviaria» que decretó el Gobierno tras el accidente en Palermo
La misma “abarca la totalidad de las actividades inherentes a la administración y al mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y a la operación de los servicios ferroviarios en la Red Ferroviaria Nacional, sean ejercidas o no de manera directa por el Estado Nacional”.
Al respecto, el documento señala que las empresas Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, tendrán 15 días para presentar “una propuesta de medidas indispensables y urgentes a tomar, que resguarden la seguridad operativa de la prestación del servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros, incluyendo en la misma las solicitudes de readecuación presupuestaria que resulten pertinentes”.
“Las empresas precitadas deberán, en sus propuestas, efectuar un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando una breve descripción de las mismas, plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad, como así también en caso de ser necesario, las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales con ámbito de actuación en el sector y demás cuestiones que se consideren pertinentes a los efectos de revertir la situación de emergencia”, agregaron.
Por qué lo que pasó en la línea de tren San Martín no fue un accidente
Además, para “asegurar la viabilidad de las tareas y obras que se requieran”, la AFIP implementará “facilidades para la importación de repuestos y demás materiales necesarios para la realización de tareas de mantenimiento y mejoras en la seguridad operativa ferroviaria”, como también ayudar a las concesionarias y operadoras a que accedan a “las divisas necesarias para afrontar dichas contrataciones”.
También remarcaron que “junto con la declaración de la emergencia que por medio del presente se efectúa, y a los efectos de poder solventar, inicialmente, las acciones y obras necesarias para permitir la urgente mejora de la seguridad operativa, es que resulta necesario prever una oportuna asignación presupuestaria”, que será de más de un billón de pesos.
En el decreto, el Gobierno mencionó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, evidenció en su evaluación de desempeño del año año 2023 “la delicada situación en la que se encuentra inmerso el Sistema de Transporte Ferroviario Nacional”.
Al respecto, justificaron que “el mayor porcentaje de descarrilamientos se ha manifestado en el transporte ferroviario de cargas, y obedece en gran medida al estado de conservación en el que se encuentra la infraestructura”; mientras que en el transporte ferroviario de pasajeros “la degradación del mantenimiento de la infraestructura y del material rodante generan reducciones de velocidad de vía, con el consecuente aumento de tiempo de viaje, llegando en algunos casos, a determinarse la suspensión de los servicios”.
También remarcaron que hubo una “ineficaz gestión y planificación de las contrataciones destinadas al mantenimiento del material rodante”, afectando las frecuencias.
Por otro lado, afirmaron que Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado “enfrenta una deuda heredada que condiciona la gestión operativa”. Resaltaron que tuvo un aumento de los costos en términos reales de la operación de los servicios metropolitanos en un 36% en tren corrido y un 66% por pasajero pago transportado; mientras que los servicios crecieron un 8% y los pasajeros un 25%, “evidenciándose así la falta de eficiencia en la administración de los recursos que ha provocado que en la actualidad la tarifa técnica del sistema ferroviario sea excesiva en comparación con estándares internacionales”.
“Resulta fundamental orientar el destino de los fondos públicos hacia el objetivo primordial de maximizar las inversiones y los recursos empleados para la prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad, que únicamente puede lograrse a través del rigorismo en la imputación presupuestaria que debe ser focalizada exclusivamente en la seguridad operativa”, enfatizaron.
En el plano institucional, el Gobierno mencionó que “corresponde hacer una revisión de la organización y funcionamiento de las distintas empresas del sector ferroviario con el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia, tanto en la toma de decisiones, como en la implementación de las políticas públicas”.
