Luego de avanzar en la desregulación del sector aerocomercial con una reforma del Código Aeronáutico, el Gobierno decretó la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
La medida fue oficializada a través del Decreto 606/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Esta intervención, que tendrá una vigencia de 180 días corridos con posibilidad de una prórroga por idéntico plazo y por única vez mediante, quedará a cargo de María Julia Cordero.
Dentro de sus funciones, deberá elaborar un informe sustanciado del estado de situación del citado organismo; evaluar la actual estructura de la ANAC y determinar una reorganización funcional y operativa; evaluar e informar sobre el estado financiero del organismo; desarrollar los procedimientos tendientes a adoptar las Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas (LAR); e implementar cualquier otro mecanismo tendiente a agilizar y digitalizar los procesos del organismo.
El Gobierno fundamentó su decisión sobre una Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional realizada en 2022 por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que evaluó que la ANAC alcanzó un cumplimiento de las normas y procedimientos establecidas en un 60,47%, por debajo del promedio mundial.
A esto sumaron una inspección por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, el cual detectó “novedades que podrían afectar la continuidad de la categoría que ese organismo otorga a nuestro país”.
“Continúan evidenciándose relevantes disfuncionalidades que afectan la integralidad del sistema, generan potenciales riesgos para la seguridad operacional y la navegación aérea y perjudican seriamente la reputación de la República Argentina en el orden internacional”, remarcaron.
En ese sentido, consideraron necesario “la adopción de medidas urgentes y adecuaciones orgánicas, de personal y presupuestarias, que permitan desarrollar ese proceso sin comprometer el cumplimiento de la misión institucional dispuesta por la norma de creación del mentado organismo”, como también una “ordenada y completa investigación de la situación del organismo y promover una reorganización funcional que permita el cumplimiento de las funciones que se le han encomendado”.
